Sao Paulo, 15 abr.- Un tribunal de Sao Paulo retomó hoy el juicio por la "masacre de Carandirú", la mayor matanza en las cárceles de Brasil, ocurrida en 1992, con la elección del jurado y el inicio de los testimonios.
El jurado quedó compuesto por seis hombres y una mujer, tras un sorteo realizado por el juez José Augusto Nardy Marzagão, de una lista de más de veinte candidatos.
Posteriormente comenzó el testimonio de uno de los sobrevivientes de la acción de la Policía, que entró en la Casa de Detención de Carandirú en respuesta a una trifulca y mató a 111 presos.
Está previsto que en los próximos días comparezcan otros exdetenidos, jueces y el gobernador de Sao Paulo cuando ocurrió la masacre, Luiz Antônio Fleury Filho.
El juicio debía haber comenzado la semana pasada, pero fue aplazado por problemas de salud de una mujer parte del jurado inicialmente escogido, tras lo cual el juez determinó que era necesario renovar el jurado completo, como dicta la ley brasileña.
La Justicia procesará a 79 policías en cuatro fases, dado su alto número.
En el procedimiento iniciado hoy, los acusados son 26 policías, todos en libertad y de los cuales 24 estuvieron presentes en el juzgado, los cuales afrontan cargos por la muerte de 15 presos.
La defensa alega que sin las pruebas técnicas de balística es imposible determinar qué agentes dispararon y mataron, pues en el operativo participaron 284 efectivos de la Policía Militarizada.
Ninguno de los 284 agentes murió y los 11 heridos del organismo de seguridad fueron atacados con cuchillos y palos, a pesar de que la Policía alegó que irrumpió en el lugar porque los detenidos tenían armas de fuego.
El coronel de la Policía Militar que dirigió la operación, Ubiratán Guimaraes, fue condenado en 2001 a 632 años de cárcel, pero nunca entró en prisión y se dedicó a la vida política como diputado regional hasta 2006, cuando fue absuelto en una apelación.
Meses después fue asesinado en extrañas circunstancias dentro de su apartamento y su novia, la principal sospechosa, fue declarada inocente del crimen por falta de pruebas.
Además, el entonces director del penal, José Ismael Pedrosa, fue asesinado a tiros en 2005 después de votar en un referendo sobre la prohibición del comercio de armas de fuego en el país.
Las autoridades atribuyeron el crimen a la organización criminal de presos Primer Comando de la Capital (PCC), que tuvo sus orígenes en los presidios paulistas después de la masacre.
La cárcel de Carandirú fue parcialmente demolida en 2002 para la construcción de un parque ecológico, dos escuelas técnicas y una biblioteca.
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