TS delibera el 2 de noviembre sobre las condenas de Santiago y Rosa del Valle

Huelva, 13 oct.- La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo deliberará el 2 de noviembre sobre los recursos de casación interpuestos por Santiago y Rosa del Valle contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Huelva que los condenó a 22 y 9 años de cárcel, respectivamente, por el asesinato de Mari Luz Cortés.

Según han confirmado a Efe fuentes del Tribunal Supremo, la Sala, que deliberará a puerta cerrada, estará compuesta por los magistrados Juan Saavedra, que ejercerá de presidente, José Manuel Maza, Miguel Colmenero, Juan Ramón Berdugo y Manuel Marchena, éste último designado ponente, por lo que será el que redacte el fallo de la deliberación.

La defensa de Santiago del Valle presentó el pasado 10 de mayo el recurso de casación ante el TS para impugnar la sentencia que condenaba a su cliente a 22 años de cárcel, basado en la vulneración de su presunción de inocencia y en un quebrantamiento de forma.

En declaraciones a Efe, el letrado que ejerce la defensa, Juan López Rueda, explicó que la vulneración del principio de presunción de inocencia de su cliente se justifica en que se le condenó "sin pruebas suficientes" por abusos sexuales y el asesinato de la menor.

Por otra parte, reclamaba la impugnación de la sentencia al entender que hubo un quebrantamiento de forma al no aceptar el tribunal, para la práctica del juicio, la declaración de un testigo que vendría a justificar la inocencia de su cliente.

La violación de la presunción de inocencia y el quebrantamiento de forma son también los motivos en los que Manuel Domínguez, abogado de Rosa del Valle, basó también su recurso para pedir la impugnación de la sentencia, a los que añadió el de infracción de ley.

Con respecto a la violación de la presunción de inocencia explicó que la sentencia no aclaraba en qué momento se rompía dicho principio, sino que "sólo" hacía referencia a una conversación entre ésta y su hermano, Santiago del Valle, que "no ha existido".

Con respecto al quebrantamiento de forma, indicó que entiende que se había producido porque no se le admitió una prueba legalmente solicitada en tiempo y forma para el juicio, el informe de la autopsia realizada por el forense Luis Frontela por encargo de la familia de la víctima.

El informe indicaba que la niña era cadáver cuando fue arrojada al agua, en contraposición con lo que la sentencia de la Audiencia considera probado, que es que la menor estaba viva en ese momento debido a la presencia de anémonas en su médula ósea.

La alegación por infracción de ley la sustentaba Domínguez en el hecho de que su defendida hubiera sido condenada como cómplice de asesinato cuando, en su opinión, no quedó "ni si quiera demostrado con pruebas claras que lo fuera".