Un abogado indio de 25 años lidera la defensa de la causa indígena en Brasil

José Bautista y Luna Gámez

Río de Janeiro, 15 ago.- Luiz Henrique Eloy Terena lleva por apellido el nombre de su etnia. Con 25 años de edad, este joven abogado es en una pieza clave del movimiento indígena brasileño debido a su trabajo exclusivo en la defensa legal de los derechos de los indios en el país.

Según el cacique Lindomar Terena, uno de los principales líderes de los Terena en el estado de Mato Grosso do Sul, "la lucha por las generaciones futuras ya comenzó y Luiz ya dejó una historia como abogado".

Salió de la aldea Ipegui por primera vez para preparar la prueba de acceso a la universidad. "Además de las dificultades financieras, lo mas difícil es la convivencia", dijo en entrevista a Efe Luiz Henrique, quien estudió en la Universidad de Mato Grosso do Sul y la Universidad Católica Dom Bosco gracias a la política brasileña de cuotas en universidades para indios y afrodescendientes.

"Existen muchos prejuicios contra ese sistema", asegura el abogado terena, que cita a un antiguo profesor para ilustrar la discriminación en la universidad. "Mi profesor de derecho constitucional ponía como ejemplo de inconstitucionalidad el sistema de cuotas, el mismo que me permitía estar en la universidad", relata.

La falta de conocimientos sobre informática y otras áreas, los prejuicios sociales y la falta de medios económicos son algunas de las principales dificultades que los indios brasileños enfrentan al acceder a la educación superior, según Luiz Henrique.

Este abogado dice sentirse "muy realizado" dedicando su trabajo exclusivamente a la defensa de causas colectivas del movimiento indígena, principalmente relativas a la demarcación de tierras, y a procesos contra lideres indios.

"Recibí propuestas para trabajar en el Gobierno federal y en el municipal, pero ahora lo que quiero es trabajar en las comunidades dando asistencia jurídica", aseguró.

En los tres años que lleva ejerciendo la abogacía Luis Henrique tuvo juicios en tribunales de justicia de diferentes estados de Brasil y acudió como abogado defensor al Tribunal Superior de Justicia en Brasilia.

Uno de sus mayores éxitos lo cosechó en 2013, cuando consiguió revertir una decisión judicial que expulsaba a varias comunidades de las tierras tradicionales que habían retomado.

"La comunidad terena de Guriti, por ejemplo, recuperó las 12.000 hectáreas de su territorio y la de Bicatú recuperó 10.000 hectáreas, aunque en ambos casos el proceso de demarcación todavía no concluyó", explico.

"Tener un pie en la comunidad me permite ganar procesos, no basta solo con oratoria y conocimiento técnico", sostiene Luiz Henrique, quien dice no haber recibido tratamiento desigual por parte de jueces y otros letrados.

Actualmente este abogado indígena asesora al Consejo Indigenista Misionario (CIMI), una comisión del Episcopado brasileño dedicada a los indios, y trabaja en un caso polémico en Mato Grosso do Sul, el estado brasileño que mas violencia étnica registró en 2013.

Según Luiz Henrique, en 2006 dos policías sin uniforme entraron de madrugada en la aldea Dorados y dispararon indiscriminadamente. Algunos indios pensaron que eran pistoleros al servicio de hacendados y, en respuesta, causaron la muerte de los dos agentes.

"En las aldeas (indígenas) sólo es permitida la entrada de policías federales acompañados de representantes de la Fundación Nacional del Indio (Funai)", alega el abogado.

Luis Henrique asegura que el programa del Gobierno para dar protección a lideres indios amenazados necesita mejoras y pidió mayor presencia de la Policía Federal en las zonas interiores para inhibir la violencia.

"La protección no puede ser individual, a veces las autoridades se llevan al líder amenazado a otro lugar y eso desprotege a su comunidad y la desestabiliza", declaró.

En opinión de Luiz Henrique, la Constitución brasileña es "muy buena" pero los derechos que recoge son incumplidos. "Al articulo 231 relativo a indígenas no le sobra ni le falta una sola palabra, el problema es que no se cumple", dijo.

La Constitución brasileña de 1988 reconoce el derecho de los pueblos originarios de Brasil sobre las tierras que tradicionalmente habitaron y establece cinco años para la demarcación de esos territorios, pero el proceso aún no finalizó.

"El Gobierno no respeta la Constitución y lo mas grave es que en los últimos años hay retrocesos importantes en los derechos garantizados", concluyó el primer abogado indígena del estado de Mato Grosso do Sul.