La reducción de la 'Administración paralela', un entramado de sociedades del que llegaron a formar parte 300 empresas, entes, consorcios y fundaciones participadas por la Junta de Andalucía y que tenían en plantilla 24.000 personas, se ha convertido en uno de los objetivos prioritarios del nuevo Gobierno autonómico. Desde el desembarco del bipartito en el Palacio de San Telmo el pasado enero se han producido algunos avances en esa línea, sobre todo centrados en la eliminación de pequeñas sociedades, sin actividad desde hace años, pero la tarea más dura vendrá en las próximas semanas, que será cuando se conozcan las auditorías de los grandes entes.
La falta de transparencia y control de estas empresas durante buena parte de los 37 años que el PSOE ha estado al frente de la Administración ha provocado que muchas sociedades hayan seguido recibiendo transferencias y subvenciones aunque en la práctica ya no existían y no contaban con actividad. Un caso singular fueron las casi cien Unidades Territoriales de Empleo y Desarrollo Local (UTEDLT), recientemente disueltas, que estuvieron en proceso de extinción durante cerca de ocho años y que continuaron pagando durante meses a sus empleados, pese a que estos ya no tenían un lugar al que acudir a trabajar.
En un limbo similar estarían al menos cinco fundaciones de las 20 que están inscritas como pertenecientes al sector público de la Junta. Alguna de ellas, según destaca la Cámara de Cuentas andaluza en el último informe en el que se fiscaliza la gestión de la Administración durante 2017, no tiene actividad desde el año 1951, pero 'siguen vivas' en el Portal de Transparencia y en diferentes registros oficiales y en algunos casos continúan recibiendo partidas presupuestarias y manteniendo un número limitado de trabajadores a su servicio.
Precisamente, estas cinco fundaciones -Agregación de Fundaciones Benéfico-Particulares de la Provincia de Sevilla, Juan Nepomuceno Rojas, Hospital San Rafael, Banco Agrícola de Don José Torrico y López Calero y la Rey Fahd Bin Abdulaziz- formaban parte de la lista de 13 entes instrumentales que en 2016 Ciudadanos y el Partido Socialista, que en ese momento estaba gobernando en Andalucía, pactaron disolver durante el ejercicio siguiente. Algo que evidentemente no sucedió.
El informe de la Cámara de Cuentas destaca que la Fundación Rey Fahd Bin Abdulaziz, que la Ley del Presupuesto de la comunidad para 2017 incluía como una de las entidades en proceso de disolución, extinción o liquidación, podría seguir 'viva', ya que al Protectorado de Fundaciones de Andalucía no le consta que se haya iniciado ningún proceso que fuerce su desaparición. El citado ente nació en el año 1998 y su objeto ha sido el apoyo a la Investigación científica en el ámbito de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol. Desde la Junta se asegura que nunca ha aportado fondos a esta fundación, "más bien al contrario, genera fondos para nosotros".
Mientras, el Banco Agrícola de Don José Torrico y López Calero, que se creó en 1882 con el objeto de prestar pequeñas cantidades de dinero con intereses mínimos a los labradores de Guadalcanal (Sevilla), no tiene actividad desde mediados del siglo pasado, aunque si tiene dos fincas rústicas como patrimonio. Sobre este más que centenario proyecto social, el Protectorado de Fundaciones de Andalucía efectuó un requerimiento de actuación a su Patronato en el que proponía que iniciara los trámites para su extinción como opción más viable, pero a fecha de noviembre de 2018 -destaca la Cámara- "no se ha recibido respuesta".
El informe del órgano fiscalizador destaca que las fundaciones adscritas a la Junta contaron en 2017 con un presupuesto total de 177 millones de euros y que la mayor parte se destinó a gastos de explotación. Señala que los mayores incrementos de partidas se produjeron en las fundaciones Fisevi y Progreso y Salud, con un incremento de 6,17 millones y 4,49 millones, respectivamente. Mientras, la Fundación Rey Fahd Bin Abdulaziz contó con una presupuesto de 197.000 euros.
Una gran auditoría a la 'Administración paralela'
El Gobierno PP-Ciudadanos quiere tener lista en unas semanas una auditoría exhaustiva de la 'Administración paralela' de la Junta de Andalucía. La primera actuación afectará a 12 agencias públicas empresariales: la de Cooperación Internacional , el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, la Agencia de Obra Pública de la Junta, la Agencia Pública de Educación, la Agencia Andaluza de la Energía, la Agencia de Innovación y Desarrollo (IDEA), la Agencia Pública de Puertos, la Agencia de Vivienda y Rehabilitación, la Agencia Andaluza del Conocimiento, la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia, la Agencia de Medio Ambiente y Agua y la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales.
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