Guatemala, 31 ene.- Familiares de las 37 víctimas de la matanza en la embajada de España en Guatemala recordaron hoy con una ceremonia maya a sus seres queridos que murieron quemados en la misión diplomática hace 35 años.
Los parientes de los fallecidos, en su mayoría campesinos, levantaron un improvisado altar frente al sitio donde funcionaba la Embajada española el 31 de enero de 1980, cuando se produjo la masacre.
La ceremonia fue organizada por la Fundación Rigoberta Menchú Tum (FRMT) explicó a Efe Wielman Cifuentes, portavoz del organismo que dirige la nobel de la Paz de 1992, Rigoberta Menchú, quien no asistió al evento.
Además de los familiares, participaron en el acto miembros del Comité de Unidad Campesina (CUC), al que pertenecía la mayoría de víctimas de la matanza, entre ellos el padre de la activista indígena, Vicente Menchú.
Antes, el pequeño grupo acudió a la Universidad de San Carlos (Usac), en el sur de la capital, donde también rindieron un homenaje al estudiante Gregorio Yujá Xoná, uno de los 37 fallecidos.
El joven sobrevivió al incendio de la embajada junto al entonces embajador español Máximo Cajal, pero fue asesinado dos días después.
Entre las víctimas mortales de la masacre figuran el exvicepresidente de Guatemala Eduardo Cáceres Lehnhoff y el excanciller Adolfo Molina Orantes.
También el cónsul español Jaime Ruíz del Árbol y otros dos españoles, Luis Felipe Sanz y María Teresa Villa.
El pasado 19 de enero un Tribunal guatemalteco condenó a 90 años de prisión al exjefe de un comando de la extinta Policía Nacional (PN) Pedro García, al encontrarlo culpable de la masacre.
Durante el juicio, el Ministerio Público demostró que García ordenó que ninguna de las personas que estaban en el interior de la embajada saliera con vida.
Tras conocerse la sentencia, el Gobierno español se congratuló porque se hubiera impartido justicia y consideró que el fallo unánime del Tribunal contribuía significativamente a dignificar la memoria de las víctimas y de sus familiares.
La legación diplomática española fue ocupada por un grupo de campesinos y estudiantes universitarios para denunciar la represión militar en el departamento noroccidental de Quiché.
García cumple desde 2012 otra sentencia de 70 años de prisión por la desaparición forzada en la década de los ochenta del estudiante Edgar Sáenz Calito.
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