UPN y PSN aprueban la nueva Renta de Inclusión Social de Navarra

Pamplona, 17 ene.- UPN y PSN, socios en el Gobierno de Navarra, han aprobado hoy en el Parlamento, con el apoyo del PP, la ley foral que regula la nueva Renta de Inclusión Social, una reforma de la Renta Básica muy criticada por la oposición por entenderla "restrictiva" y hecha con criterios de ahorro y no sociales.

Para acceder a ella se requerirán 24 meses de residencia legal en Navarra frente a los doce que se exigían hasta ahora, ser mayor de 25 años y menor de 65, y que los recursos económicos de la unidad familiar en el último semestre sean, en cómputo mensual, inferiores a la cuantía de la renta de inclusión social que le correspondería.

Excepcionalmente, en circunstancias de especial necesidad, podrán reconocerse como beneficiarias a personas que incumplan los requisitos de edad e ingresos recogidos.

La cuantía de la Renta de Inclusión Social en 2012 será de hasta 641,40 euros mensuales para una persona; 769,68 euros para dos; 833,82 para tres; 897,96 para cuatro; y de hasta 962,10 para cinco o más personas, mientras que desde el decimotercer mes de percepción la renta alcanzará como tope el 90 % de las cantidades estipuladas.

La concesión tendrá con carácter general una duración de 6 meses, ampliables hasta un máximo de 24, y en los casos de renovación extraordinaria que supere los dos años, la prestación no superará el 80 % de los importes consignados.

Además, el otorgamiento de la renta exige, entre otros, la suscripción de un acuerdo que puede contemplar la obligación de participar en actividades de "cooperación, servicios de voluntariado y otro tipo de acciones en beneficio de la sociedad", así como en acciones formativas vinculadas con estos ámbitos".

La norma tiene un régimen sancionador que castiga las actuaciones destinadas a "obtener o conservar la renta a sabiendas de que no se reúnen los requisitos" exigidos, con infracciones consideradas leves, graves y muy graves, con multas de entre 100 y 3.000 euros.

José Antonio Rapún, de UPN, María Victoria Arriza (PSN/PSOE) y Enrique Martín (PP) han defendido la reforma de la ley porque queda garantizado un derecho, pretende un sistema justo y sostenible y evita el fraude y la picaresca.

Sin embargo, Xabi Lasa (NaBai) ha advertido de que la reforma nace de una "filosofía segregacionista de derechas", que pone "más obstáculos" al acceso a la renta a los inmigrantes y Bikendi Barea, de Bildu, lo ha definido como un proyecto "restrictivo", porque no respeta los derechos de la totalidad de la ciudadanía, limita y endurece los requisitos y "profundiza en la lectura coercitiva de la ley".

Txema Mauleón (I-E), por su parte, ha lamentado el "conjunto de despropósitos" que supone la ley, con serias "dudas legales", falta de apoyo de los colectivos que trabajan con parados y excluidos y ha criticado que está sostenida en "afirmaciones populistas".