Upyd denuncia ante catalá el estado “degradante” de muchos juzgados

El diputado de UPyD Carlos Martínez Gorriarán denunció este miércoles ante el ministro de Justicia, Rafael Catalá, el estado “degradante” en el que se encuentran muchos juzgados por toda España, con el que resulta imposible transmitir a los ciudadanos confianza en la Justicia, ya que no la tienen “ni los jueces”.
En la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, Martínez Gorriarán exhibió una fotografía de un almacén de pruebas inundado, a modo de metáfora de la Justicia como “papel mojado”.
El ministro expresó su confianza en la calidad de lo que es un servicio público fundamental para los ciudadanos, que garantiza el Estado de Derecho. Reconoció que hay “muchas reformas que hacer”, pero aseguró que el Ministerio trabaja en ellas.
El diputado reiteró que en esas condiciones “no se puede transmitir confianza” a los ciudadanos. Denunció el “derrumbe” de salas que contienen pruebas de convicción de varias décadas y lavabos convertidos en archivos, una situación “degradante” debida únicamente a que desde el Gobierno “nunca se han tomado en serio” la Justicia salvo como un poder que puede ser “controlado”.
Denunció también las “condiciones penosas” de muchos trabajadores y la inminencia de una reforma que logrará “empeorar” la situación, sobre todo la de los grandes procesos, al acortar los periodos de instrucción.
Decir que son condiciones “tercermundistas” es “ofender al tercer mundo”, dijo Martínez Gorriarán, que acusó al Gobierno de pensar en la Justicia solo “para recaudar”, para “controlarla” o para “impedir que entre a fondo en lo que tiene que resolver”, como la corrupción.
Reconoció que es necesario cambiar leyes y agilizar los sistemas procesales, por lo que acortar los plazos de instrucción es “un buen objetivo” con el que entendió, además, que UPyD está de acuerdo.
También reconoció la necesidad de seguir “mejorando las instalaciones” y aplicando las nuevas tecnologías, así como incorporar nuevas plazas. Aseguró, en ese sentido, que la oferta de empleo público llegará hasta el 50% de la tasa de reposición y que con todas las medidas en marcha “estaremos en la senda de tener un mejor servicio de justicia para todos los ciudadanos”.