Upyd indica a posada que “denunciar posibles hechos delictivos” de amaiur es una obligación

La presidenta de UPyD, Rosa Díez, ha remitido una carta al presidente del Congreso de los Diputados, Jesús Posada, en la que que le recuerda que “denunciar posible hechos delictivos” es “una obligación legal”.
Díez se refería así a una misiva anterior en la que instaba a Posada a remitir “al fiscal general del Estado (Eduardo Torres-Dulce) toda la información para que éste determine si puede constituir delito de enaltecimiento del terrorismo" la exhibición por los diputados de Amaiur de carteles a favor de los presos etarras en el Pleno del pasado día 12.
El presidente de la Cámara respondió a UPyD el pasado 19 de febrero rechazando la idea de enviar al fiscal general del Estado la citada información.
Díez puntualiza que su petición no es ninguna “sugerencia”, porque “denunciar posibles hechos delictivos no es una posibilidad o facultad, sino una obligación legal que tiene todo aquel que presenciare la perpetración de cualquier delito público”.
Además, en UPyD se muestran sorprendidos de que “el único motivo aducido para negarse a denunciar tales hechos sea la inviolabilidad parlamentaria”.
El grupo liderado por Rosa Díez insiste en que la inviolabilidad parlamentaria tiene por finalidad asegurar, “a través de la libertad de expresión de los parlamentarios, la libre formación de la voluntad del órgano legislativo a que pertenece el parlamentario”.
En ese sentido, continúa el escrito, “no se concibe como un privilegio personal, sino como medio de asegurar las funciones parlamentarias, impidiendo ser sometido a procedimiento por las opiniones y votos que se emitan en el seno de la Cámara de que forme parte el interesado”.
Por tanto, la interpretación de esta garantía “ha de hacerse de modo estricto” para que “no sirva a otros usos, como sin duda lo es toda actuación que sirva de `cobijo de la arbitrariedad´”.
Rosa Díez insiste en que esa inviolabilidad no puede suponer “privilegios personales”, sino “prerrogativas vinculadas al ejercicio de las funciones parlamentarias, sin que bajo ningún concepto puedan concebirse como derechos particulares al objeto de sustraer determinadas conductas al conocimiento de los Jueces y Tribunales”.
Por eso, a este grupo le “resulta increíble tener que insistir en esta cuestión”, ya que “por definición, en un Estado de Derecho no hay nadie inmune a la ley”.
UPyD entiende que los siete parlamentarios de Amaiur que exhibieron los carteles en apoyo de los presos de ETA “no estaban en ese concreto momento ejerciendo función parlamentaria de ningún tipo, sino que realizaron un acto de propaganda de la banda terrorista ETA desde sus escaños y al margen de cualquier cauce parlamentario”.
En definitiva, este grupo conmina a Posada a que reconsidere su decisión, “sugiriéndole que si tiene alguna duda sobre el particular, encargue el oportuno informe a los servicios jurídicos de la Cámara sobre tales hechos, con el ruego de que nos lo haga llegar tan pronto como disponga del mismo”.