Upyd pide al gobierno que facilite el número de denuncias por acoso en el ejército que han terminado en condena

El Grupo Parlamentario de UPYD, a instancias de su diputada Irene Lozano, presentó este viernes una pregunta por escrito en el Congreso de los Diputados por la que insta al Gobierno a dar a conocer el número de denuncias por acoso presentadas por mujeres en las Fuerzas Armadas que han terminado en sanción administrativa o penal.
La diputada de la formación magenta recuerda que el Real Decreto-ley 1/1988, de 22 de febrero, reguló la incorporación de la mujer a las Fuerzas Armadas. No obstante, desde su punto de vista, esta incorporación tuvo desde su origen “ciertas limitaciones”.
En ese sentido, Lozano subraya que el principio de igualdad del citado real decreto se incorporó en la Ley 17/1999, de 18 de mayo, de Régimen del Personal de las Fuerzas Armadas, de tal modo que la carrera profesional debía ser exactamente igual para hombres y mujeres, no existiendo a partir de ese momento ningún destino en los ejércitos que estuviera vetado a las mujeres, incluidos los de tipo táctico u operativo.
Posteriormente, el de 22 de marzo de 2007 se aprobó la Ley Orgánica 3/2007, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, en cuyo articulado se citaba de “manera inequívoca” el principio de igualdad entre hombres y mujeres en todos los ámbitos, incluido el laboral.
A pesar de que este cuerpo normativo debería garantizar la “adecuada integración en igualdad de la mujer”, Lozano observa que “las recientes sentencias de los tribunales contra las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil por casos de acoso sexual y laboral, o las relativas al incumplimiento de la aplicación de los derechos referentes a la conciliación de la vida familiar y laboral”, cuestionan, según su opinión, la aplicación de la ley en lo que afecta a igualdad de sexos.
Por ello, Lozano solicita al Gobierno que facilite el número de denuncias por acoso presentadas por mujeres en las Fuerzas Armadas que han terminado en sanción administrativa o penal, así como el número y el tanto por ciento de mujeres en los últimos tres años en las Fuerzas Armadas y en la Guardia Civil, el número de ellas que podrían llegar a ser nombradas jefe de Estado Mayor de la Defensa y/o jefes de Estado Mayor del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire.
También reclama el número de solicitudes de reducción de jornada que han sido rechazadas, las medidas de conciliación aplicadas y cifra de guarderías abiertas, número de bajas médicas de mujeres por causas psicológicas, número de ascensos de mujeres en las Fuerzas Armadas, tasa de renovación de contrato de mujeres tras quedar embarazada.
Por último, solicita las medidas desarrolladas para que el embarazo no afecte a la carrera de las mujeres militares y si el Gobierno tiene previsto extender el II Plan de Igualdad de la Administración del Estado (actualmente en negociación) al personal de las Fuerzas Armadas.