Uruguay recordará resistencia popular al cumplirse 40 años de golpe de Estado

  • Uruguay conmemorará este jueves el 40 aniversario del golpe de Estado que abrió la puerta a los años más complejos de la historia reciente del país, con un recuerdo para la resistencia a la dictadura (1973-1985) y sentimientos encontrados respecto al legado de ese período.

Montevideo, 26 jun.- Uruguay conmemorará este jueves el 40 aniversario del golpe de Estado que abrió la puerta a los años más complejos de la historia reciente del país, con un recuerdo para la resistencia a la dictadura (1973-1985) y sentimientos encontrados respecto al legado de ese período.

Durante todo este mes han sido programadas numerosas conferencias y mesas redondas para analizar el golpe impulsado por el entonces presidente Juan María Bordaberry, que suprimió las dos cámaras del Parlamento uruguayo y dio paso a la dictadura militar, con especial hincapié en el papel de los presos políticos y las víctimas.

El acto principal tendrá lugar este jueves con una concentración y una marcha que recorrerá la arteria principal de Montevideo en memoria de la huelga general decretada por los sindicatos uruguayos el mismo día del golpe y que duró quince días.

El acto culminará en la puerta del Teatro Solís, a escasos metros de la sede de la Presidencia uruguaya, donde se estrenará la serie de documentales "Huellas. A 40 años del golpe", realizada por diversos cineastas uruguayos, de forma simultánea con otros auditorios de la ciudad.

Por su parte, el Parlamento reunirá a sus dos cámaras, la de Diputados y la de Senadores, en una sesión extraordinaria que se centrará en debatir la disolución y la prohibición de los partidos políticos decretada el 27 de junio de 1973.

Asimismo, la Intendencia (gobierno municipal) de Montevideo realizará un recorrido por los rincones de la capital en los que se produjeron acontecimientos relacionados con el golpe de Estado y el período dictatorial.

También el jueves la Televisión Nacional de Uruguay (TNU) lanzará un ciclo de documentales sobre el tema y este miércoles se reestrenará la obra teatral "Antígona Oriental", protagonizada por expresas políticas y que intercala el texto clásico de Sófocles con testimonios de víctimas de la dictadura y sus familiares.

Para el vicepresidente de la organización de ex presos políticos Crysol, Baldemar Taroco, esta conmemoración es un nuevo pedido por el "nunca más, la justicia y la memoria", y un recordatorio de que aún hoy en día "se siguen viviendo secuelas de aquello".

"Cuarenta años, pero todavía hay huellas del terrorismo de Estado y aún se reclaman cosas que no se han restituido", apuntó.

Según la Comisión para la Paz creada para investigar aquel trágico período, la dictadura en Uruguay dejó 38 desaparecidos, aunque en Argentina se denunciaron otras 182 desapariciones de ciudadanos uruguayos; en Chile, ocho; en Paraguay, dos, y en Brasil, una.

Aquel período significó un traumático paréntesis para la historia del país, uno de los que tiene una tradición democrática más arraigada de América Latina.

Tras caer la dictadura, se celebraron unas elecciones democráticas que llevaron a la Presidencia a Julio María Sanguinetti (1985-1990 y 1995-2000).

Taroco anunció que existe un proyecto para que el 27 de junio sea declarado Día Nacional de la Memoria, no tanto para recordar la defensa de la democracia por parte de los sindicatos y los trabajares como para "homenajear a las víctimas".

Para el activista, el actual Gobierno uruguayo, pese a estar en manos del izquierdista Frente Amplio, que gobierna desde 2005, "no hizo todo lo posible por que las secuelas del terrorismo de estado desaparezcan, como la impunidad".

Al concluir la dictadura, el Parlamento aprobó en 1989 la Ley de Caducidad, una especie de ley de amnistía para los que cometieron crímenes en aquella época que fue ratificada por la población en dos referéndum en 1989 y 2009.

En la práctica esa norma dificulta el procesamiento de los violadores de derechos humanos de aquella época y aunque la Suprema Corte de Justicia la ha declarado inconstitucional en algunos casos, sigue siendo considerada un obstáculo para investigar el paradero de los desaparecidos.

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