Uruguay se enredó con la herencia negra de la dictadura al cumplir 200 años

  • Uruguay celebró su bicentenario enfrascado en agrias disputas por la prescripción de los delitos de la dictadura (1973-1985) y la inseguridad ciudadana, pero también ilusionado con la marcha de la economía pese a la crisis mundial.

Raúl Cortés

Montevideo, 1 dic.- Uruguay celebró su bicentenario enfrascado en agrias disputas por la prescripción de los delitos de la dictadura (1973-1985) y la inseguridad ciudadana, pero también ilusionado con la marcha de la economía pese a la crisis mundial.

Si en 2010, en su primer año de gestión, el presidente José Mujica intentó pasar página al siempre espinoso tema de la dictadura, en 2011 el ex guerrillero de 76 años no tuvo más remedio que encarar la cuestión por las presiones en el Parlamento del bloque oficialista, el izquierdista Frente Amplio (FA).

La primera embestida llegó en mayo, como reacción a una condena al país por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el asesinato en 1976 de María Claudia García y la supresión de identidad de Macarena Gelman, nuera y nieta del poeta argentino Juan Gelman, respectivamente.

Ese mes el FA intentó derribar la Ley de Caducidad, que desde 1986 obstaculiza el procesamiento de los militares y policías responsables de violaciones de derechos humanos, pero se topó con el inesperado boicot del diputado oficialista Víctor Semproni.

Con el argumento de que no podía anular una ley ratificada en referéndum en 1989 y 2009, Semproni impidió redondear la mayoría del bloque gubernamental en la cámara.

El segundo asalto en la batalla contra la impunidad llegó al Parlamento a finales de octubre y tuvo un rotundo éxito de votos pero dio a luz una ley de incierto futuro.

Pocos días antes del 1 de noviembre, la fecha fijada por la Suprema Corte de Justicia para la prescripción de los delitos de la dictadura, el FA hizo valer -esta vez sí- su mayoría parlamentaria para aprobar una norma que impide su extinción.

Sin embargo, los expertos coinciden en que la modificación legal alargará la agonía de los demandantes por los recursos de inconstitucionalidad que los acusados ya han comenzado a interponer.

La economía volvió a dar motivo para sonreír a los uruguayos, aunque con cautela por el temor de que la crisis de la zona euro y de Estados Unidos acabé golpeando a América Latina.

El país mantuvo su alta tasa de crecimiento del PIB (cercana al 6 por ciento), favorecido por los precios de las materias primas, especialmente de la carne y los granos, y logró mínimos históricos de desempleo, de entre el 5 y el 6 por ciento.

Le benefició también el buen desempeño de sus dos grandes vecinos, Brasil y Argentina, con los que sin embargo protagonizó algunos altercados que volvieron a poner en entredicho la viabilidad del Mercado Común del Sur (Mercosur), del que también es miembro Paraguay.

A Brasilia tuvo que pedirle que le excluyera de un arancel a la importación de vehículos y con Buenos Aires el choque tuvo que ver con la transparencia fiscal.

Esa última cuestión colocó a Uruguay en el centro del huracán en noviembre cuando el presidente francés Nicolas Sarkozy, durante una cumbre del G20, lo situó en una lista de paraísos fiscales, supuestamente por presiones de Argentina, según denunció Montevideo.

Mujica retiró a su embajador en París pero finalmente consiguió el respaldo de México y Brasil, los otros dos representantes latinoamericanos en el G20 junto con Argentina, y la sangre no llegó al río.

Un caso de abusos sexuales cometidos por varios cascos azules uruguayos en la misión de paz en Haití fue otro dolor de cabeza para el presidente, que tuvo que pedir disculpas públicamente a su homólogo haitiano, Michel Martelly.

También resultó un duro escollo para el Gobierno la seguridad pública interna, tanto por la inédita virulencia de las acciones delictivas como por la percepción popular de que Uruguay tiene cada vez menos motivos para venderse como el país más seguro de América.

Los dos principales partidos de la oposición, el Colorado y el Blanco, unieron fuerzas para recabar firmas con miras a convocar un referéndum para bajar la edad de imputabilidad penal a los 16 años.

Los expertos explican la ola de criminalidad por la marginalidad resultante de la crisis de 2002 y al aumento del consumo de droga, especialmente entre los adolescentes.

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