Valencia denuncia por lo penal a gonzález-sinde por suspender la reforma del cabanyal

La Generalitat Valenciana acordó este viernes autorizar a la Abogacía General del Gobierno valenciano a realizar las acciones judiciales necesarias para exigir la responsabilidad penal contra la ministra de Cultura, María Ángeles González Sinde, como firmante y responsable de la Orden de 29 de diciembre de 2009, por la que se declara la suspensión inmediata del Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Cabanyal-Canyamelar (Pepri).
El acuerdo también incluye la autorización para iniciar acciones contra aquellas otras personas que pudieran resultar responsables por la comisión de una actividad delictiva, como consecuencia de la mencionada orden ministerial.
Con fecha 29 de diciembre de 2009, la ministra de Cultura resolvió declarar que el Pepri supone un expolio del conjunto histórico del Cabanyal-Canyamelar, y suspender de manera inmediata su ejecución, así como de todas aquellas actuaciones administrativas relacionadas con este Plan.
La Generalitat, "ante el convencimiento de que la decisión adoptada por el Ministerio vulneraba los principios del Estado de derecho", tanto en el respeto a las competencias propias de la Generalitat en la protección del patrimonio histórico como en el cumplimiento de las sentencias firmes que avalaban la legalidad del Plan, el Ayuntamiento de Valencia solicitó un dictamen jurídico de un experto catedrático de Derecho Administrativo que valorara imparcialmente la orden ministerial.
Según se explica en el acuerdo de este viernes, el contenido del citado dictamen pone de manifiesto que no existe expolio y que la decisión ministerial "incurre en incoherencia que la hace irrazonable y arbitraria", así como que "persigue un fin torcido, que supone una desviación de poder" con los efectos anulatorios previstos en la ley.
Por ello, el dictamen concluye que la orden es una "decisión arbitraria que carece de fundamento objetivo y razonable, y que se basa en un presupuesto de hecho inexistente".
El Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Cabanyal-Canyamelar fue aprobado por la Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes el 23 de marzo de 2001. Desde esa fecha, el Plan ha sido objeto de nueve recursos contencioso-administrativos que concluyeron, todos ellos, con sentencia declarando su legalidad.
De estas sentencias, tres fueron recurridas en casación ante el Tribunal Supremo, el cual, en los tres casos, dictó sentencia confirmando la legalidad del Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Cabanyal-Canyamelar.