Valeriano gómez advierte a los agentes sociales de que la falta de acuerdo “no puede ser un derecho de veto”

El ministro de Trabajo e Inmigración, Valeriano Gómez, reiteró este jueves que el Gobierno llevará a cabo las reformas pendientes aunque no haya acuerdo con los agentes sociales.
En su participación en la inauguración de unas jornadas del grupo socialista en el Senado sobre la reforma laboral y sobre las políticas activas, Gómez advirtió a las organizaciones sindicales y empresariales que la falta de acuerdo en estas materias “no puede suponer una suerte de derecho de veto”.
Así, aunque admitió que este conjunto de reformas “no deberían abordarse sin el acuerdo con los agentes sociales”, el ministro añadió que, de cualquier forma, “deben ser abordadas”, aunque sea sin el consenso de sindicatos y patronales.
Gómez aseguró que “el Gobierno va a insistir en el proceso de diálogo”, pero reiteró que, si no hay acuerdo, “debe acabar con la acción del Gobierno”.
También subrayó que el Ejecutivo dedicará “un periodo de tiempo intenso, todo lo intenso que sea necesario, para alcanzar consensos”, pero agregó que “las reformas no se pueden detener”.
En este sentido, recordó que en los próximos meses va a haber un “goteo planificado y ordenado de reformas”, entre las que se incluyen las derivadas del desarrollo de la reforma laboral, la de las políticas activas, la de la negociación colectiva, la de los expedientes de regulación de empleo y la de la configuración de las causas que justifican el despido objetivo, la de las pensiones y la del futuro fondo de capitalización para sufragar parte del coste de las indemnizaciones por despido.
“Tenemos por delante un semestre de trabajo intenso y de diálogo con los agentes sociales”, dijo Gómez.
La reforma en la que el Gobierno está concentrando sus esfuerzos en la actualidad es la de las políticas activas de empleo. Sobre este tema, el ministro recordó que los trabajadores y las empresas destinan cerca de 0,7 puntos de cotización a estas políticas, de las que actualmente un 60% va a formación continua y un 40% a los desempleados.
Sin embargo, el objetivo del Ejecutivo es que durante el periodo de adaptación y salida de la crisis, “destinemos más fondos a desempleados”, lo que supondrá que “las empresas hagan más esfuerzos en formación continua para liberar más fondos para los parados”.
En este sentido, aseguró que “este proceso debe comenzar ya”, por que es necesario “que las comunidades autónomas dispongan de más fondos para la formación de los desempleados”.
AGENCIAS PRIVADAS
Otra de las negociaciones que debe abordar el Gobierno como desarrollo de la reforma laboral es la actuación de las agencias privadas de colocación, que deben “colaborar” con los servicios públicos de empleo.
Sobre este tema, Gómez subrayó que los servicios públicos de empleo tienen “un papel que debe ser agrandado por la acción de las agencias de intermediación privadas”, y defendió que entre las entidades públicas y privadas “no habrá una relación de sustitución, sino que deben de complementarse”.
Asimismo, aseveró que el Gobierno quiere que las futuras agencias de colocación privadas sean “fuertes, grandes e implantadas en todo el territorio nacional”, y no una multitud de pequeñas empresas.
“Queremos grandes empresas capaces de dar servicio en todo el territorio nacional, no miles de de empresas ineficientes”, señaló.
El objetivo es que estas agencias puedan “atender también a las personas con menos posibilidades de incorporación”, e hizo hincapié en que la intermediación con estos parados “debe ser su trabajo esencial”.