Varias asociaciones de guardias civiles amenazan con una "gran manifestación" si no hay avances

  • Madrid.- La Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) y la Unión de Oficiales (UO) están barajando la posibilidad de convocar una nueva y "gran manifestación" en Madrid en defensa de los derechos de los agentes de este Cuerpo y de sus representantes asociativos, a los que se han abierto 200 expedientes desde 2004.

El Congreso aprueba la ley de derechos de los militares con la abstención de CiU y UPyD
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Madrid.- La Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) y la Unión de Oficiales (UO) están barajando la posibilidad de convocar una nueva y "gran manifestación" en Madrid en defensa de los derechos de los agentes de este Cuerpo y de sus representantes asociativos, a los que se han abierto 200 expedientes desde 2004.

Así lo han asegurado el secretario general de AUGC, Alberto Moya, y el presidente de UO, Francisco García, quienes han denunciado la "parálisis de avances" que está sufriendo la Guardia Civil en cuanto a regulación de derechos y deberes, una situación que "ha supuesto un conflicto" entre la Administración y las asociaciones.

Esta situación ha hecho que durante el Gobierno socialista, según Moya y García, se hayan abierto más de 200 expedientes disciplinarios a representantes de las asociaciones "por el uso de la libertad de expresión".

También que en el Consejo de la Guardia Civil, de los quince vocales de las asociaciones haya ocho expedientados -cinco de los nueve de AUGC, uno de UO y dos de UGC), es decir "más del cincuenta por ciento", según denuncian los agentes que están convencidos de que el Gobierno "está llegando al ensañamiento con los representantes asociativos".

Todo ello, según Moya, porque denuncian el "nulo" desarrollo de la Ley de Derechos y Deberes en la Guardia Civil que fue aprobada en 2007 por la "falta de compromiso del Gobierno, su apatía y su indolencia en llevar a efecto unos derechos legítimos".

Moya y García están convencidos de que lo que demandan no requiere un "gran esfuerzo presupuestario" y que el Gobierno lo puede llevar a efecto: una jornada laboral digna y una ley de personal, entre otras cuestiones.

El último borrador de la ley de personal que la Dirección General les ha presentado no les gusta y de ahí que sigan con su petición de firmas para iniciar la tramitación de su propuesta de reforma. Ya tienen más de 100.000 del medio millón necesario para las iniciativas legislativas populares.

Por todo ello, su actitud de colaboración en el Consejo "va a cambiar y si siguen los expedientes el conflicto se va a acrecentar", según Moya.

Unas declaraciones que ha suscrito García, quien precisamente hoy ha recibido la noticia de que se le ha abierto un nuevo expediente por falta grave con motivo de unas declaraciones sobre unas estadísticas de seguridad que dio su asociación, que concluyó que "había cierto maquillaje" en las cifras.

"El Gobierno es incapaz de acercar a la Guardia Civil a las instituciones modernas. Ha elegido el camino simplista del castigo", ha añadido Moya.

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