Velasco también acuerda continuar el procedimiento contra el ex interventor de la Diputación, Manuel Jesús López Sánchez, el exalcalde de Cartagena José Antonio Alonso Consea, y a las empresas Eico Online, S.L. y Madiva Ediorial y Publicidad.
Además, en un auto el juez cuantifica en 90.000 euros los fondos públicos que recibieron las empresas de De Pedro de forma irregular por los servicios de reputación online prestados y señala que realizaba los trabajos para los fines personales del expresidente de la Diputación, "alejados del bien común, con el correlativo perjuicio para las arcas públicas".
Velasco apunta que después de analizar todas las diligencias practicadas, interrogatorios a los investigados y testigos existen indicios racionales de que estas cinco personas pudieron cometer delitos de fraude, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a funcionarios públicos, cohecho, revelación de información reservada, prevaricación continuada y malversación de caudales públicos continuada
((HABRÁ AMPLIACIÓN))
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