"Proyecto" es la palabra de moda en la carrera por los fondos europeos. El galimatías de la transición ecológica y digital que infiere el potente ‘Next Generation UE’ supone un desafío de gran envergadura para la colaboración público-privada. Todos anhelan saborear el maná de los 140.000 millones de euros, empezando inmediatamente por los 72.000 millones a fondo perdido que llegarán en los próximos tres años. Históricamente, las trabas burocráticas han impedido a España gestionar cantidades tan ingentes de dinero en un periodo tan breve de tiempo, pero la crisis provocada por la pandemia exige una respuesta rápida. El Gobierno trabaja a marchas forzadas por despejar el camino legislativo de peajes administrativos, mientras las empresas se lanzan a las consultoras para armar su ‘caballo ganador’. Todo para evitar que los próximos meses se conviertan en una suerte de locos accidentes y salvajes atropellos de película, al estilo de ‘La carrera del siglo’.
Cambiando los puntos de origen (Nueva York) y destino (París) de la rocambolesca historia de Blake Edwars por Madrid y Bruselas, la maquinaria está en marcha. Todos a bordo: Gobierno y Ministerios, comunidades autónomas, empresas de todos los tamaños y sectores, consultoras y despachos de abogados aceleran para llegar a la meta con garantías de éxito. El objetivo es el mismo, alcanzar el ansiado ‘chute’ de recursos que amortigüe los estragos de la crisis y oriente a la economía española hacia una recuperación plena y sostenible. Pero los intereses son legítimamente distintos. El Ejecutivo busca canalizar los fondos hacia proyectos tractores que transformen el tejido productivo; las empresas, absorber su parte del pastel de subvenciones ante la amenaza real de reinventarse o morir; y el mundo de la asesoría, capitalizar este nuevo nicho de jugoso negocio. Un win-win que augura no pocos choques en un camino empedrado y con curvas.
Para el mundo empresarial es imprescindible que la mayor parte de los recursos que venga de Europa se dirijan hacia el sector privado. “Por supuesto, debe haber inversión pública, pero exclusivamente aquella capaz de generar crecimiento económico a medio plazo; la prioridad ahora es limitar las quiebras al menor número posible y modernizar el tejido productivo”, demanda el vicepresidente de la CEOE, Íñigo Fernández de Mesa, en conversación con La Información. En coordinación con Luis Socías Uribe, ex consultor de Deloitte que se ha incorporado como jefe de la Oficina Técnica de Apoyo para Proyectos Europeos de la CEOE, ultiman estos días un paquete de 15 macroproyectos tractores que van a presentar al Gobierno. "Se involucrará a decenas de miles de empresas y se ajustarán a la estrategia europea, facilitando la transición energética y digital y provocando un efecto arrastre en las pymes, generando empleo e industria”, detalla Fernández de Mesa.
La colaboración público-privada es capital para este cometido en multitud de niveles. Por ejemplo, a través de la CEOE, Moncloa mantiene contactos formales e informales con algunos de los grandes bufetes del país. La idea, según señalan fuentes conocedoras de estas conversaciones de ámbito jurídico, es establecer un “diálogo frecuente” para agilizar la tramitación de los fondos. Así, a la espera de que, a finales de año, Europa detalle el reglamento que despejará las dudas sobre qué proyectos concretos son susceptibles de recibir los fondos, la primera parada para el Gobierno español en esta carrera es tan compleja como salvar el cuello de botella que provocan la Ley de Contratos del Sector Público y la Ley General de Subvenciones. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha lanzado un mensaje optimista al anunciar cambios en el papeleo para eliminar trabas y evitar que la burocracia obstaculice la recuperación, pero a la espera de que esto se concrete en un real decreto, las dudas inundan esta fase incipiente del proceso.
Solo después se podrá avanzar hacia la segunda parada. En el primer trimestre de 2021 se darán a conocer las convocatorias y, para entonces, empresas, comunidades autónomas y entidades locales deberán tener bien armados sus proyectos. Por eso, desde hace meses, las consultoras han desplegado su maquinaria para ayudar al sector público y privado a captar millones de euros de los fondos. El ambiente que se vive estos días en las ‘Big Four’ -Deloitte, PwC, EY y KPMG- huele a incertidumbre y esperanza a partes iguales. La UE ha marcado unas líneas claras pero etéreas en referencia a los objetivos de los proyectos (tecnologías limpias, energías renovables, movilidad sostenible, modernización de las administraciones...) y el Ejecutivo las ha plasmado en su Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en base a cuatro ejes: transición ecológica, transformación digital (concentrarán el 70% de los fondos, según el plan remitido a las autoridades europeas) igualdad de género y cohesión social y territorial. Pero el principal problema, insisten desde el mundo empresarial, es que todavía falta concreción.
LAS BIG FOUR, PROTAGONISTAS
En la ardua tarea de diseñar los proyectos, el papel de las consultoras es absolutamente protagonista. Los equipos multidisciplinares han adecuado su labor de asesoramiento tradicional al nuevo roll específico que exige la complejidad de este paquete de ayudas. “Nos estamos centrando en alinear los proyectos de inversión que nos presentan empresas y comunidades autónomas con las prioridades de la Unión Europea y las que intuimos que serán las del Gobierno español”, explica desde PwC su socia responsable de Estrategia, Silvia Lacarra. Una labor compleja en la que equipos de expertos especializados ayudan a las empresas “en el análisis de planes estratégicos y de los diferentes proyectos que los componen, para identificar cuáles son elegibles”, indica Cándido Pérez, socio responsable de Infraestructuras, Gobierno y Sanidad de KPMG en España. Desde EY señalan que, en este proceso, su visión no se limita a la captación de fondos, sino que, como firma, se rigen por un compromiso específico con la recuperación económica.
Las consultoras aspiran a lograr presencia en las oficinas que se van a desplegar en los distintos departamentos ministeriales involucrados en la gestión de los fondos (Transportes, Transición Ecológica o Industria) y tienen línea directa con la oficina de seguimiento de Moncloa que ha asumido el director general de Asuntos Económicos de la Presidencia del Gobierno, Manuel de la Rocha. La colaboración es estrecha y constante, según manifiestan los distintos actores implicados en estas relaciones. Igualmente, el Ejecutivo ha anunciado la creación de foros de alto nivel sobre ciencia e innovación, digitalización, energía, agua, movilidad, turismo, industria, reto demográfico, cultura o deporte que se pretenden ir activando en las próximas semanas. “El llamamiento a la interlocución continua y a la colaboración público-privada es unánime”, destacan las fuentes consultadas.
Desde el equipo de asesoramiento de Deloitte recuerdan que la crisis Covid ha afectado al conjunto de la economía, si bien hay determinados sectores que se han visto especialmente impactados, como el turismo, la hostelería, el comercio minorista o el transporte. No obstante, inciden en que “la intención de este Plan no es sólo la de paliar y recuperar estos sectores, sino que es la de modificar y rejuvenecer nuestro tejido, así que las oportunidades que se presentan son variadas y se orientan a la mejora de la competitividad y productividad en prácticamente todos los sectores industriales y de servicios”. La clave, matizan desde esta consultora, es que “un número significativo de estos proyectos tienen un carácter tractor y cuentan con un gran potencial transformador, al estar siendo desarrollados por varios agentes, involucrando a sectores complementarios”, de modo que, por su dimensión y complejidad, estos proyectos tienen un particular atractivo y requieren una atención especial.
Coincide con este análisis Lacarra (PwC), quien identifica varios sectores, como el energético o el industrial, con un reflejo específico en los planes de cara a la transición ecológica; y más en genérico, un amplio abanico de pymes que apuestan por poner en marcha planes de digitalización de los que podrían salir beneficiados desde el comercio hasta la automoción, pasando por la movilidad o el sector sanitario. “Todos los sectores están mostrando un elevado interés para poder acceder a la financiación, no obstante, es evidente que algunos como la energía, las telecomunicaciones, infraestructuras, sostenibilidad, turismo, transporte, educación y sanidad van a tener muchas posibilidades de presentar proyectos a la Comisión que encajen dentro de sus directrices”, añade desde KPMG Cándido Pérez, no sin insistir en la elevada incertidumbre que invade todo el proceso, a la espera de la aprobación definitiva del ‘Next Generation UE’ y su reglamento.
En definitiva, todos los sectores económicos (y también los agentes sociales) están, lógicamente, interesados por las posibilidades que ofrecen los fondos. Así lo están percibiendo en EY, donde señalan el papel relevante que inevitablemente tendrán determinados sectores, pero no olvidan a las pymes, las start ups o los emprendedores, que “serán objeto de atención en los fondos". También destacan como potenciales destinatarios las actividades transversales como la transformación digital, la transición ecológica, la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, la investigación e innovación, la conectividad… u otras más verticales como el turismo, la ciberseguridad, el desarrollo de infraestructuras o el sector agroalimentario. “Son solo ejemplos, dado que los recursos y ambición de la Comisión Europea y del Gobierno son muy elevados”, afirman.
Las diecisiete comunidades autónomas también participan en la carrera por los fondos y ya han lanzado centenares de proyectos, algunos nuevos y otros maquillados que permanecían en el cajón, a la espera de una oportunidad de oro como la que ahora se brinda desde la UE. Desde EY recuerdan que las autonomías son “clave en ámbitos como la educación, la sanidad o la administración de justicia, y también las entidades locales son críticas en movilidad urbana y sostenibilidad o fijación de población en territorios menos poblados". Existe todavía una gran discusión sobre qué parte de los fondos les van a permitir gestionar bajo unas directrices generales de inversión. “Resulta evidente que la estructura económica de las distintas regiones, con mayor o menor dependencia en según qué sectores, así como sus déficits particulares, hacen que sus prioridades sean distintas”, remarcan socios de Deloitte. En este sentido, apuntan que son varias las que ya han anunciado sus respectivos planes en los que inciden en proyectos de infraestructuras pendientes o en programas de regeneración del tejido industrial, “dedicando todas una atención especial a cuestiones ligadas a la necesaria cohesión territorial y social”.
La carrera del siglo está en marcha. El Gobierno pretende concentrar el esfuerzo de movilización de los cerca de 72.000 millones de euros de transferencias en los primeros tres años (2021-2023), para maximizar su impacto sobre la reconstrucción rápida de la economía, y emplear los préstamos para complementar, posteriormente, la financiación de los proyectos en marcha hasta alcanzar, si fuera necesario, los 140.000 millones. Una inyección histórica para la economía española que, sin embargo, no empezará a llegar hasta el segundo semestre del próximo año, aunque no se descartan anticipos de Bruselas. Desde la CEOE invitan directamente al sector financiero a adelantar los fondos e insisten en que el grueso del dinero debe dirigirse al sector privado. En primera instancia será el Ejecutivo el que reciba las transferencias y los Ministerios quienes las repartan y extiendan a través de las comunidades autónomas, con participación activa de las entidades locales. Está por ver si, alcanzada la meta, la colaboración público-privada resulta un éxito o, como en la comedia de Blake Edwars, un desmadre (sin ninguna gracia, en este caso).
