Cataluña afronta unas elecciones autonómicas con las esperanzas puestas en la conformación de un Govern estable que permita a sus empresas aprovechar el impulso de los fondos europeos y recuperar el terreno perdido de los últimos cuatro años llenos de convulsiones políticas. Un mero repaso a la realidad empresarial de la comunidad catalana, uno de los centros más dinámicos de España desde siempre, demuestra que la incertidumbre generada y el parón político que provocó el procés hicieron mella en los ingresos de sus empresas, hasta el punto de que llegaron a dejarse en el alero casi la tercera parte de sus ingresos de explotación (29,4%) entre 2017 y 2019, lo que supone una cifra cercana a los 100.000 millones de euros.
Con los datos agregados (facturados dentro y fuera de Cataluña) que las empresas catalanas depositaron en el Registro recogidos por Informa, sin incluir a la banca y las aseguradoras que llevan un balance diferente, los datos agregados sobre los ingresos de explotación llevaban una trayectoria ascendente hasta cerrar 2018, tras el 1-O de finales del 2017, con unos ingresos de explotación de 343.700 millones de euros. En ese periodo fue cuando se produjo la salida masiva de empresas que cambiaron su domicilio social (3.650 en esos dos ejercicios y más de 4.250 hasta diciembre de 2020).
Si bien los ingresos en 2018 se mantuvieron aún crecientes, en plenos cambios de sede de sociedades, el impacto de ese éxodo se deja notar en la contabilidad del año siguiente, en 2019, que cierra con 242.326 millones de euros de ingresos brutos de explotación en las empresas catalanas, un recorte que se achaca tanto a la fuga que produjo el miedo a los acontecimientos políticos y una posible independencia, como por el parón administrativo que se ha alargado durante cuatro años, sin apenas licitaciones y con la inversión bajo mínimos, pendiente de los acontecimientos.
Aún así, los economistas se resisten a hablar de una decadencia empresarial catalana por una “falla” que pudo ocurrir entre finales de 2017 y el primer semestre siguiente, y algunas de las multinacionales que siguen presentes en suelo catalán (sin contar al sector financiero) han aguantado bien, como es el caso de Seat, la primera compañía en ingresos del ‘top ten’ catalán, sus ‘hermanos’ del Grupo Volkswagen, que aguantaron pese a las presiones recibidas en su momento, los supermercados Lidl o Nestlé, entre otras.
“Las empresas que siguen aquí han sido inmunes al procés -asegura Alfredo Pastor, profesor emérito del IESE y exsecretario de Estado de Economía-, porque el efecto de la inestabilidad política se ha centrado más en frenar a las empresas o los inversores que iban a entrar en Cataluña”, a lo que añade el efecto a la baja de los ingresos empresariales que se puede derivar del parón en la contratación pública catalana, que todavía se mantiene.
Si hacemos caso a los datos agregados de Informa, el mayor recorte de ingresos de explotación en el año de los disturbios callejeros tras el 1-O y toda la inestabilidad que llego después con Quim Torra en la Generalitat y Carles Puigdemont huido de la Justicia española, se produjo en las empresas catalanas que facturaban más de diez millones de euros, es decir, que el azote se cebó sobre todo con la pequeña y mediana empresa industrial, muy vinculada en sus ventas y su financiación al exterior o a mercados fuera de Cataluña (el principal cliente catalán es Aragón), de forma que no variaba en gran medida el ‘top ten’ industrial. La caída más notoria ha sido la de Nissan, pero en 2019 irrumpen otras empresas catalanas con más de 1.200 millones de ingresos de explotación. Es el caso de la multinacional Basf, Carburantes Axoil, Corporación Guissona, Mango (Punto Fa), Grifols o dos clásicas como la línea aérea Vueling y Bunge Ibérica, si bien está última ha cambiado en 2020 su sede social a Madrid, fuera ya del efecto procés.
“Puede ser que el dinamismo empresarial no sea el mismo -reconoce Andrei Boar, profesor de finanzas y contabilidad de BSM, la escuela de negocios de la Universidad Pompeu Fabra-, pero lo de la fuga de grandes empresas fue más bien un bache por el miedo que se generó en el mercado en 2018, pero del que después se ha salido, aunque puede que algunos de los grandes grupos que hay en Cataluña hayan trasvasado parte de su producción a otros centros”.
En el ejercicio de 2020, que no es comparable con ningún otro por el efecto de la pandemia y del que todavía no se conocen los resultados de empresas, todavía se mantenía una salida neta de 320 empresas de Cataluña, un dato más normalizado, pero que todavía contrasta con las casi 600 que ganó Madrid en pleno azote del virus. Todas las estimaciones apuntan a que más del 80% de las empresas que dejaron la economía catalana recalaron en la capital, desde donde el problema catalán se ve como la confirmación de un pronóstico anunciado cuando se intentó proclamar la independencia.
La profesora de Economía de Comillas-ICADE, Almudena Baanante, recuerda que las previsiones en inversión en bienes de equipo en Cataluña cayeron ya en septiembre de 2017, a la vista de los acontecimientos, y “la bola de desconfianza en cadena que se produce: cuando falta inversión no llegan los ingresos y las empresas se resienten”. Añade además que, con la Administración colapsada por la inestabilidad y la incertidumbre reinante, “la financiación y el crédito tampoco son fáciles de conseguir, y retrasan cualquier recuperación que se quiera realizar”.
