Mientras la luz sigue su diabólica escalada de precios, los efectos sobre el bolsillo de los ciudadanos comienzan a ser realmente insostenibles. Las críticas de las asociaciones de consumidores, hasta hace poco tiempo mudas, no hacen más que elevar la tensión en la delicada salud del Gobierno que busca desesperadamente medidas para frenar la subida en la factura de la luz.
Sin embargo, la auténtica bomba de relojería que el Ejecutivo desea desactivar son los 'efectos invisibles' que provoca la subida de la luz desde los 42,01 euros por Mw en agosto de 2020 a los 140 euros con los que marcaba un nuevo récord el 2 de septiembre. Mientras Pedro Sánchez pide "paciencia" a los consumidores, el Ministerio de Economía vigila con lupa todos los indicadores económicos que saltan disparados cada vez que la electricidad provoca un seísmo en la calculada agenda de la recuperación económica del Gobierno de coalición.
IPC
La luz ha sido la principal responsable de que el IPC subiera un 0,4% en agosto con respecto al mes anterior. De esta manera, la tasa interanual se sitúa en el 3,3%, la cifra más alta en 10 años. El propio organismo encargado de publicar los datos, el Instituto Nacional de Estadística, señalaba en su comunicado que “en este comportamiento destaca la subida de precios de la electricidad, mayor este mes que en agosto del año pasado”.
El dato es provisional, puesto que no refleja el incremento de la factura de las últimas semanas. A mediados de septiembre el INE publicará sus datos definitivos, en los que reflejará de manera fehaciente un aumento considerable en la factura de la luz tanto de particulares como de empresas. Lejos de ser una variable más, el aumento del IPC provocará un efecto cascada sobre otros indicadores tanto o más importantes que la referencia de precios.
Costes laborales
Los salarios públicos, las pensiones, gran parte de los convenios laborales y otra buena de la economía continúan indexados al IPC. Un aumento significativo, como el provocado por el recibo de electricidad, tendrá como consecuencia un aumento de los costes laborales y del resto de partidas que dependan de este indicador. En este sentido, el principal perjudicado será el erario público. Para muestra un botón: el gasto en personal de las administraciones públicas alcanza aproximadamente los 140.000 millones de euros; aumentar tan solo un 0,5% el salario de los funcionarios y personal al servicio de la administración supondría 700 millones de euros para las arcas públicas y eso siempre y cuando sólo se suba ese medio punto.
Peor sería el resultado para las empresas privadas acogidas a un convenio referenciado, quienes tendrían que asumir el coste automático de la subida del IPC en los salarios de sus empleados, ya perjudicados con el incremento directo del coste de la luz en sus hogares.
El escenario es más complejo en el caso del Salario Mínimo Interprofesional. El pasado 1 de septiembre el Ministerio de Trabajo y Economía Social, CCOO, UGT, CEOE y Cepyme se reunían para comenzar la ronda de negociaciones para debatir la subida de 15 euros que plantea el Ejecutivo sobre el SMI. Sobre la mesa estará también la actualización de la cantidad total acordada con base en el incremento de precios sufrido durante el año en curso.
Cuentas públicas
A los salarios de funcionarios y personal laboral, el gobierno afrontará otra subida automática: las pensiones. El 3,3% con el que el IPC se situaba en agosto supondría un aumento de 3.200 millones para las arcas públicas, al tener que retribuir las pensiones con base en este indicador. Una cifra que Bruselas ya ha señalado como “desorbitada” y ante la que nada se puede hacer, ya que sindicatos y partidos políticos no dudarán en exigirle al ejecutivo que actúe de la misma manera que cuando el IPC apenas aumentaba unas décimas y con ellas la depreciación de las pensiones, especialmente las más bajas.
Al gasto se le une la disminución de ingresos. Con la bajada del IVA aplicable al recibo de la electricidad, del 21% al 10%, el gobierno dejará de ingresar 857 millones de euros hasta fin de año. Además, a esta cantidad habría que sumarle otros 400 millones por la suspensión del impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica. En total casi 1.300 millones. Un agujero que el Estado deberá compensar de alguna otra manera para mantener equilibradas sus cuentas, calmando de la misma manera a Bruselas. El ejecutivo comunitario siempre acompaña con la coletilla “compensar las bajadas de impuestos con otras vías de ingresos” su receta para no aumentar el déficit público.
Pérdida de competitividad
Además de los costes laborales, las empresas ven con especial miedo la probable pérdida de competitividad, en especial las pequeñas y medianas empresas que no pueden negociar con las eléctricas contratos a largo plazo con precios estables.
Los autónomos son los máximos perjudicados, que tienen a peluquerías y talleres como principales exponentes de la ruina económica que les espera. Luis Herrera - Portugal, presidente del Consejo Nacional de Empresas de Peluquería y Estética, señalaba a comienzos de la espiral de precios que una peluquería de unos 50 metros cuadrados destinaba 200 euros al mes al consumo eléctrico, mientras que un local de más de 100 metros cuadrados pagaría entre 250 y 300 euros mensuales en exclusiva para costear el recibo de electricidad.
Por su parte, la industria también se está viendo afectada debido al aumento de los costes energéticos, algo que les resta competitividad con respecto a sus principales competidores franceses, alemanes o italianos. Según AEGE, la Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía, el 30 de agosto el precio de la electricidad para la industria electrointensiva se situó en 96,82 euros/Mwh, frente a los 41,62 de Francia y los 62 de Alemania. Pese a la oportunidad de acudir al mercado de futuros y a los PPA (contratos de compra de potencia), las industrias no siempre pueden aprovecharse de esta posibilidad debido a que su contratación se realiza en el medio y largo plazo y no cuando los precios de la electricidad están bajos, como ocurría hace unos meses.
Deslocalizaciones
Es el efecto consiguiente a la pérdida de competitividad. Si una industria, en especial las de capital extranjero, pueden encontrar otros países en los que ejercer su actividad con menores costes energéticos o laborales, sin duda lo harán. La situación es especialmente grave en aquellas en las que la energía supone un coste importante, puesto que el producto final se encarece, así como los costes de exportación. Eso en una economía global como la actual, en la que el mismo bien puede fabricarse a un precio inferior en Asia que en Europa, supone un lastre para la competitividad de las empresas instaladas en España.
Ahorro doméstico
Alejada del mundo empresarial, la economía familiar es otra de las grandes perdedoras con la subida de la luz. Cada hogar español destina 800 euros al año a pagar el suministro eléctrico. Es una cifra que se ha ido incrementando año tras año desde 2007, momento en que la electricidad comenzó una escalada progresiva que se ha visto acentuada en los últimos dos años. AIS Group señala que la cifra asciende a 1.345 euros en el caso de los suministros de agua, luz y gas. Sin embargo, es la luz la que se lleva la palma en el porcentaje de gasto, alcanzando el 60%. La cantidad supone el 5% del total del gasto medio anual de las familias y, lo que es más preocupante, ha ascendido un 0,5% en el último año y eso sin tener en cuenta el efecto de la luz durante los meses de junio, julio y agosto.
Pese a que la pandemia y el confinamiento favorecieron el ahorro doméstico, la vuelta a la normalidad y los elevados precios del suministro energético perjudicarán la capacidad de ahorro de los hogares, que cruzan los dedos para que los intereses referenciados de sus hipotecas no sigan la misma tendencia alcista y aumenten el endeudamiento de forma artificial en un futuro próximo.
Reputación
Este es sin duda el valor más temido por parte de las empresas. Como bien aseguraba la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, “la empatía cotiza en bolsa” y junto a ella la responsabilidad social. Las empresas eléctricas han cuidado al extremo la percepción que el consumidor y la ciudadanía tienen hacia ellas. La pandemia trajo consigo un movimiento solidario en forma de congelación de facturas, suministro eléctrico gratuito a hoteles que acogían enfermos, aplazamientos de deudas, etc., proporcionados por las eléctricas. Ellas son las principales conocedoras de la importancia de responder ante una situación como la vivida hace 18 meses.
Sin embargo, la continua referencia a su papel en la subida de la factura y la exposición continua en medios no favorece precisamente su política de comunicación.
Episodios como el vivido en Vigo, en el que un hombre la emprendió a pedradas contra una oficina de una empresa por su descontento con el importe de una factura de electricidad, siendo anecdótico, reflejan un sentimiento de hastío ciudadano que sufre el aumento en la factura de la luz, pero sigue sin saber quien es el responsable último de ello.
Por último, junto a los costes invisibles está otro que asusta mucho más al gobierno: los costes políticos en forma de pérdida de votos que pueden llevarse por la borda una transición energética tan anunciada como imprevisible: como la factura de la luz.
