¿Me llegará la pensión?  Escrivá no convence a nadie

No queda claro cómo se va a resolver el enigma de la 'hucha de las pensiones' a través de la propuesta de aumento de las cotizaciones en un contexto de una previsible subida de tipos que podría asfixiar al país.

La reforma de las pensiones que ha propuesto el ministro José Luis Escrivá y el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) que ha lanzado en apenas una semana para que sea aprobado de urgencia en el Congreso no han logrado despejar ninguna duda entre la población sobre si habrá o no dinero suficiente en la caja común para pagar sus futuras pensiones. Al final todo se reduce a un aumento de las cotizaciones de las empresas y los trabajadores en 0,6 puntos al sistema durante diez años, en los que nadie sabe cómo va a evolucionar el país y la economía, y un sistema de vigilancia posterior por si hay que gastar más o recortar. “El problema es que a nadie le salen las cuentas, más que a Escrivá y andamos retocando cada año las pensiones, hasta generar una desafección y un desánimo en la gente que agudiza su convencimiento de que el dinero no les va a llegar como está llegando ahora”, señala un letrado de la Seguridad Social que conoce bien las entrañas del sistema.

La media docena de economistas y expertos en pensiones de cabecera consultados por este periódico tras la comparecencia en el Pacto de Toledo del pasado jueves por parte del ministro, siguen sin saber cómo se va a generar el dinero con ese 0,6 que el ministro quiere meter en la hucha de las pensiones. Si la economía no se derrumba en dos años, tras la llegada de los fondos europeos y ante una más que previsible subida de los tipos de interés que puede ahogar las finanzas públicas, ese ingreso extra de las cotizaciones generaría entre 1.700 y 2.000 millones extra al erario de la Seguridad Social, es decir, no más de 20.000 millones hasta 2032, como plantea Escrivá. “Para que ese montante se invierta con eficacia y se convierta en los 42.000 millones que estima el ministro, hay que sacarle una rentabilidad de casi el 7% anual, en plena incertidumbre económica, y eso no lo puede prever nadie ahora”, señala un analista que prefiere guardar el anonimato ante “la beligerancia del Gobierno al defender este tema”, advierte.

La gestión de ese dinero adicional que ahora se propone cobrar para paliar las necesidades futuras de la jubilación masiva de los ‘baby boomers’, presenta otra incógnita importante para los analistas consultados, si tenemos en cuenta que, con la legislación actual, apenas se puede invertir ese dinero en algo que no sea Deuda Pública española, con las limitaciones que supone a la hora de lograr ciertas rentabilidades. El profesor del IESE, Javier Díaz Giménez, siempre crítico con el modelo de reparto español, advierte incluso que sería un ejercicio de audacia del ministro si ese dinero quedara en manos de los 20 millones de cotizantes que lo van a pagar, incluso con cuentas personales, y gestionado por un comité dirigido y nombrado por la propia Seguridad Social. “Convertiríamos a cada persona en ahorrador y accionista de ese fondo, que no se podría utilizar para deuda o para políticas públicas”, un modelo a caballo entre lo público y los planes privados de pensiones, como recomiendan organismos como al propia OCDE. Se evitaría además otra de las distorsiones del modelo que advierten los expertos: cualquiera que tenga más de 57 años en 2023 va a estar pagando durante los diez años que tarde en jubilarse, para recibir la misma pensión que si no lo hubiera hecho, “y eso, en términos económicos, es una reducción de facto”, advierten.

Se rompe el círculo con el empleo

En cualquier caso, si nos atenemos a los datos publicados por el Banco de España y la Contabilidad Nacional, esos 42.000 millones que se quieren obtener quedan muy lejos de lo que se necesita, si tenemos en cuenta que solo en el caso de las pensiones contributivas (jubilaciones), el déficit del sistema va a ser de unos 30.000 millones solo este año, sin visos de que se vaya a reducir en los próximos ejercicios. “Aunque aumentar cotizaciones sea una propuesta en la buena dirección -explica Díaz Giménez-, hay dos cosas claras: es insuficiente para paliar un modelo que no es sostenible y lleva diez años de déficit; y subir cotizaciones siempre encarece los costes de las empresas y disminuye el empleo”, algo que en plena salida del ‘baby boom’ no ayuda a mejorar los ingresos. Desde Comillas-ICADE, el economista Emilio González advierte, además, que ese empleo que no se va a crear con la subida de las pensiones es sobre todo real y duro en el caso de las pequeñas empresas, las de menos de diez trabajadores, que son el 90% en España. “Las grandes pueden aguantar, aunque contraten menos, pero para las microempresas, subir el coste laboral con las cotizaciones es echar a una persona o no contratar a nadie un año, y eso duele”, advierte.

Los estudios más avanzados sobre la financiación del modelo español de la Seguridad Social, como los que ha hecho el profesor de la Universidad del País Vasco Ignacio Zubiri, demuestran que para sufragar una elevación de un punto sobre el PIB en el coste de las pensiones (del 11% al 12%, por ejemplo en España), habría que subir las cotizaciones de trabajadores y empresarios al sistema en más de 3,5 puntos, algo que deja la medida de ahora marcada por Escrivá en una subida “muy tímida”, que levanta demasiadas sospechas sobre “lo que está por venir”, como ya han denunciado desde la patronal CEOE, que se ha salido de este acuerdo en el diálogo social por la falta de transparencia e información que por una oposición radical a los cambios que se deben hacer, según fuentes internas de la propia patronal. “No sabemos si después de una subida vendrán más, ni cómo se han hecho estas cuentas, ni qué pasa con el resto de medidas que hay que tomar sobre años de cálculo, edad de jubilación, etc…”, señalan.

Los empresarios se muestran muy preocupados por una propuesta en la que no ven consistencia y que lo fía todo a la evolución de la economía en los próximos diez años, un periodo en el que se da por seguro que se sufrirá una crisis de la mano de la subida de tipos y ante los problemas energéticos, inflacionistas y de abastecimiento que ya se están generado. “Lo del metal de Cádiz es más grave de lo que parece y se puede extender a toda España unirse al resto de problemas que hay ahora y estrangular la recuperación industrial que pretenden los fondos UE”, advierten desde la cúpula del sector energético español. “¿Quién va a elevar los costes sociales y a contratar gente en ese contexto?”, se pregunta.

“Es solo una ‘cosilla’ dentro de la reforma”

Dentro del propio Pacto de Toledo se advierte que el Mecanismo de Equilibrio Intergeneracional que ha propuesto Escrivá, y que ha sido criticado ya desde la propia OCDE, es “solo una cosilla más dentro de una reforma mucho más amplia”. Los menos críticos con la propuesta de Escrivá que conforman el pacto advierten que la aportación de los Presupuestos para sufragar los gastos impropios del sistema que ya se ha hecho en 2021 y supondrá otros 18.000 millones el año que viene es un paso de gigante en la reforma del modelo, junto con la actualización de las prestaciones con el IPC.

Dentro del Pacto y aún sin tener claro como le van a salir las cuentas al ministro, defienden que ese 0,6 que ahora se aporta a la hucha servirá para rellenarla, a la espera de los cambios que se deben decidir todavía, a saber: el destope de las bases de cotización y la “consiguiente” elevación de la pensión máxima, el pago por los ingresos reales de los autónomos, la prolongación de la vida laboral a “quien pueda y quiera hacerlo” , el acercamiento de la edad real de jubilación (64,5 años) a la legal (67 años en 2027) y hasta el aumento de los años para calcular la pensión, con las variantes que se estipulen para no castigar las carreras más largas o las que presentan más altibajos en sus periodos de cotización.

Precisamente una de las cuestiones que más sospechas genera a los críticos con la propuesta “voluntarioso” de Escrivá para el MEI, que debiera ser la fórmula de cálculo para garantizar la financiación del sistema, es que solo se centra en el lado de los ingresos y aplaza cualquier recorte del gasto a lo que pase dentro de diez años, con un amplio margen para recortar hasta el 0,8% sobre PIB y, lo que resulta todavía más inverosímil, la posibilidad de devolver si sobra algo. “Con ese 0,6 no se soluciona nada ante un problema de una magnitud mucho mayor -recuerda Emilio González-, da la impresión de que había que hacer algo de cara a Bruselas para que lleguen los fondos y no se caiga ya la economía, y se ha hecho algo como más ideología que sentido común”, remata. “Lo primero que hay que hacer es reconocer el problema, porque hasta ahora lo único que hay son parches para un mal paño”, sentencia Díaz Giménez.