El Reino Unido está a punto de aprobar su propia versión de la “Ley Sinde”

Esta ley, entre otras cosas, busca evitar el infringimiento de los derechos de propiedad intelectual en Internet mediante las descargas, de una forma similar a la ley Hadopi francesa o a la "e;Ley Sinde"e; en España.

En esta línea, incluye provisiones para que la Office of Communications, el equivalente británico a la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones española, pueda cortar el acceso a Internet a aquellos infractores que persistan en su actitud tras un determinado número de avisos, con multas que pueden llegar a las 50.000 libras, algo más de 56.000 euros al cambio actual.

Incluye también provisiones para poder cerrar sitios web y la obligación para los proveedores de acceso de monitorizar -algunos dirían que espiar- las actividades de sus usuarios y de pasar esta información a los titulares de los derechos de autor presuntamente vulnerados para que a su vez puedan actuar contra los usuarios en cuestión. La multa en caso de no colaborar podría sumar las 250.000 libras, unos 280.000 euros.

En un momento dado la ley incluía la posibilidad de que el equivalente británico al ministro de industria pudiera crear nuevas multas y formas de luchar contra estas infracciones sin necesidad de pasar por el parlamento ni nada parecido, aunque parece que al final esto no será así.

Pero en cualquier caso uno de los grandes problemas de esta ley es los cortes del acceso a Internet serán aplicados al titular de la conexión en cuestión, no necesariamente a quien se haya descargado contenidos protegidos a través de ella, con lo que una familia al completo podría verse sin conexión a Internet porque uno de sus miembros se hubiera descargado algo.

Puestos a eso, lo mismo podría ocurrir con colegios, bibliotecas, o lugares en los que se ofreciera un acceso público a Internet.

Una vez desconectado el titular de la línea tendría derecho a recurrir, pero a su propia costa, sin derecho a ningún tipo de ayuda legal, y sólo en unos pocos supuestos.

Para más inri, y al contrario de cualquier proceso legal, sería el usuario desconectado el que tendría que probar su inocencia en lugar de los titulares de los derechos supuestamente vulnerados los que tuvieran que demostrar que es culpable.

Como en el caso de las citadas leyes francesa y española hay numerosos grupos que se oponen a la Digital Economy Bill, incluyendo empresas como Google, Facebook, o los propios proveedores de acceso además de grupos de ciudadanos en defensa de los derechos civiles.

Esta tarde, a partir de las 15:30 hora local, está previsto que la ley pase su segunda lectura en el parlamento, y aunque un portavoz del gobierno ha asegurado que se debatirá durante el tiempo que sea necesario, todo parece indicar que el gobierno de Gordon Brown va a aprovechar la inminente disolución del parlamento para someter a esta ley a un proceso de aprobación abreviado que normalmente se usa para leyes urgentes y consensuadas que parece claro que no deben esperar al siguiente ciclo parlamentario.

Este proceso de aprobación abreviada, en opinión de muchos, sustraería esta ley a un verdadero debate y escrutinio parlamentario que probablemente la tiraría abajo, o al menos muchas de sus provisiones, pues la oposición en principio no parecía dispuesta a dejarla pasar tal y como está.

Grupos a favor y grupos en contra de la Digital Economy Bill han pagado anuncios en prensa intentando animar por un lado a los parlamentarios a aprobarla, y por otro a los ciudadanos para que se pongan en contacto con estos para que se opongan a ella.

Pero probablemente los tiros finales en esta batalla se dirimirán en los tribunales de la Unión Europea, ya que no parece muy claro cómo puede adaptarse esta ley a las normativas comunitarias y tan siquiera al Paquete de Telecomunicaciones cuando entre en vigor, ya que una de las cosas que este pide es que todo tipo de proceso que pueda terminar con la desconexión de Internet de un ciudadano esté siempre sometido a la correspondiente tutela legal.