Gobierno y oposición pactan la aprobación de la “Ley Sinde” británica

La tercera lectura del paso abreviado por el parlamento que el gobierno de Gordon Brown utilizó para sacar la Digital Economy Bill adelante no duró más que un par de horas.

Para ello, el Gobierno pactó con los laboristas una serie de cambios en la ley, entre los que está la eliminación de la cláusula 18, que le daba amplios poderes para bloquear sitios web.

Pero esta cláusula ha sido sustituida por una enmienda a la cláusula 8 que le da al Secretario de Comercio la capacidad de ordenar el bloqueo “de un sitio de Internet en el que el tribunal haya comprobado a su satisfacción que ha sido, está siendo utilizado, o podría ser utilizado para o en conexión con un actividad que infringe los derechos de autor”.

Esta redacción es tan ambigua que perfectamente podría ser aplicada a sitios como WikiLeaks, un sitio que lo único que publica es precisamente información filtrada sujeta a estos derechos, aunque desde el gobierno de Gordon Brown se asegura que no se tiene intención de utilizar esta cláusula para bloquear la libertad de expresión de nadie. Y ya se sabe lo que pasa con las promesas de los políticos.

Don Foster, del partido Demócrata Liberal, afirmó incluso que esta cláusula podría ser utilizada contra Google por lo vaga que es su redacción.

No ha cambiado tampoco la articulación que dice que es el titular de una conexión a Internet el que será considerado responsable del uso que se haga por parte de esta, con lo que sigue siendo posible que una familia entera o una organización que use una conexión compartida vea como esta es cortada por un supuesto uso indebido de esta, ya que además será el titular de la conexión el que tenga que luchar en ese caso por demostrar su inocencia.

Algo que sí se cayó de la ley, sin embargo, y por la oposición de los conservadores, fue una tasa anual que el gobierno quería imponer sobre las líneas de teléfono fijas para financiar un plan de implantación de banda ancha de alta velocidad en todo el país.

Así que sólo queda que los lores le pasen la ley a la reina para firmar, lo que harán con toda seguridad, para terminar con su proceso de aprobación.

Ha dado igual la oposición de algunos miembros del parlamento que decían que esta ley tiene implicaciones muy serias y que habría que discutirla con mucha más calma, aunque tampoco parecen habérselo tomado muy en serio, pues de 646 escaños apenas había algo más de 200 presentes.

Ha dado igual la opinión de los más de 20.000 ciudadanos que han expresado su oposición a esta ley escribiendo a sus representantes.

Pero sobre todo, lo más probable es que esta ley no vaya a servir para nada.

Hace casi exactamente un año que entraba en vigor en Suecia una dura ley destinada a combatir las descargas por Internet, y si bien en los primeros meses consiguió hacer bajar hasta un 30 por ciento el tráfico de Internet del país, ahora estos no solo se han recuperado sino que son mayores que los de antes.

Eso sí, ahora la información viaja cifrada, lo que imposibilita en la práctica saber qué tipo de información y archivos comparten los suecos a través de Internet, con lo que les ha salido el tiro por la culata a los promotores de esa ley, como era previsible.

Dado que al final se pactó la aprobación de la ley entre ambos partidos mayoritarios no parece probable que tan siquiera un cambio de color en el gobierno tras las próximas elecciones pueda suponer su derogación; parece mucho más probable que los ciudadanos británicos tengan que acabar recurriendo a los tribunales para intentar tumbarla.