La ineficaz batalla europea contra las descargas en internet

  • La pericia de los internautas y los problemas legales han minado los esfuerzos legislativos de Francia y Reino Unido.
lainformacion.com

Son dos los países en Europa que comenzaron a poner coto a la vulneración de los derechos de autor en Internet. Francia fue la primera con la adopción de la Ley Hadopi en 2009 y Reino Unido hizo lo mismo el año pasado con la Digital Economy Bill. El semanario Time ha analizado la evolución de ambas normas mientras en España se debate sobre la idoneidad o no de la Ley Sinde.

La ley francesa permite la desconexión de los usuarios que descarguen de forma continuada contenidos protegidos por derechos de autor. La respuesta de los internautas franceses ha sido migrar de plataformas P2P en favor de sitios de descargas directas como Megaupload o Rapidshare, así como el visionado en formato streaming.

Para las autoridades del país galo este cambio de hábito es una buena noticia porque demuestra que los franceses son ahora más conscientes del riesgo que supone intercambiar contenidos “ilegales”.

“Con el paso del tiempo, esperamos que la gente perciba que robar una película o una canción protegida con derechos de autor (en internet) no es distinto jurídicamente de robar un libro o un DVD en una tienda”, ha señalado un magistrado francés a Time.

En Reino Unido el debate se centra en la legalidad de la propia norma. La Digital Economy Bill permite requerir a las operadoras de telecomunicaciones las direcciones IP de quienes han descargado material protegido para, acto seguido, llevarles a juicio.

BT y Talk Talk no lo han visto con buenos ojos y han solicitado con éxito a las autoridades una revisión de la ley. Que las compañías propietarias de los derechos de autor obliguen a los proveedores a cortarle la conexión a sus clientes o a bloquear determinadas páginas web no les parece adecuado.

Ambas operadoras esgrimieron poco después de aprobarse la ley en abril del año pasado que su trámite parlamentario fue “precipitado” y “sin control alguno”. Añadieron que podría infringir “derechos y libertades básicos”.

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