Madrid.- Las administraciones de lotería, unas cuatro mil repartidas por todo el territorio nacional, están convocadas hoy a secundar un cierre para protestar por la reforma del régimen de comercialización de las loterías del Estado, que entienden abre la puerta a su privatización.
La reforma, incluida en dos disposiciones adicionales -la 32 y la 34- de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2010, establece que a partir del 1 de enero pasado la comercialización de este juego ha pasado a regirse por las normas de derecho privado.
Así, según la reforma, de un sistema basado en las concesiones se pasa a otro basado en los contratos mercantiles privados.
Gonzalo Fernández, director general de Loterías y Apuestas del Estado (LAE), ha asegurado, en una entrevista con EFE, que el objetivo de la reforma del régimen de comercialización de tan popular juego de azar es atribuir "racionalidad" a un modelo de gestión "casi feudal", con el propósito de modernizar el organismo y su red de ventas.
El pasado día 16, Gonzalo Fernández pedía "responsabilidad" a los administradores de lotería, al tiempo que les transmitía un mensaje de "tranquilidad" ante la reforma y recordaba que el cierre patronal "no está contemplado en la legislación" que regula el sector.
El director general de LAE aseguraba que hay asociaciones de loteros que apoyan el proceso, que representan "a más del 70 por ciento" del sector, frente a las que la rechazan, las que "históricamente" siempre se han opuesto, según él, a cualquier cambio.
La Mesa de Asociaciones de Loteros -que agrupa a ANAPAL, FENAPAL y APLA- ha lamentado la "estrategia de hechos consumados" que, en su opinión, está llevando a cabo la dirección de Loterías y Apuestas del Estado, diseñada "para privatizar de espaldas a la sociedad los juegos del Estado".
Manuel Izquierdo, presidente de ANAPAL, confía que el recurso presentado por el PP contra la Ley Presupuestos ante el Tribunal Constitucional paralice la reforma.
Los loteros piden, además de la paralización de la reforma, la elaboración de una Ley de Juego Público, "un patrimonio económico y cultural -recuerdan- de todos los españoles".
La reforma permite a los actuales administradores, según el director general de LAE, Gonzalo Fernández, optar por mantener la relación de concesión administrativa o por el nuevo contrato mercantil, que les asegura una relación de igualdad con el organismo, elegir entre ser titular como persona física o jurídica y poder transmitir su negocio a familiares o terceras personas.
La Plataforma Independiente de Administraciones de Lotería (PIDAL) se ha mostrado contraria al cierre, que su presidenta, Helena de la Cámara, califica de "decisión unilateral".
Las administraciones de lotería dan trabajo directo y estable a unas 12.000 personas, y a otras 25.000 de "manera indirecta", según destacan las organizaciones convocantes del cierre.
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