Sábado, 07.12.2019 - 12:04 h
El 40% son indígenas

Asesinan a 1.500 activistas en 15 años... mientras el desastre climático avanza

El número de defensores del medioambiente asesinados entre 2002 y 2017 supera a los soldados británicos y australianos muertos en zona de conflicto.

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Más de 1.500 activistas asesinados en 15 años... y el desastre del clima avanza

Los incendios arrasan el Ártico, los océanos rebosan plástico, la ONU advierte de una alarmante deforestación generada por la industria alimenticia...  y las voces que lo denuncian están siendo asesinadas. A pesar de los compromisos adquiridos por la comunidad internacional, tanto en materia de derechos humanos como ecológicos, en acuerdos como la muy difundida Agenda 2030, un total de 1.558 activistas medioambientales han muerto de forma violenta en solo 15 años. 

La cifra se ha duplicado en este tiempo, y ya supera al número de bajas registradas por los ejércitos de Reino Unido y Australia en zonas de conflicto en el mismo periodo. Así lo certifica el estudio publicado por la revista 'Nature Sustainability', que señala a Centroamérica (36% de las muertes) y Sudamérica (32%), como las regiones de mayor riesgo para los defensores del medioambiente, siendo el 40% de los asesinados de origen indígena.

La organización Alianza por la Solidaridad denunció a través de un comunicado que la presión sobre las comunidades nativas ha ido creciendo en los últimos años, y aseguró que esta evolución está directamente vinculada a los grandes conflictos que, casi siempre, "son provocados o cuentan con la colaboración de grandes empresas transnacionales". Además, la asociación explica que no solo cuentan las muertes: "Muchas de las personas activistas indígenas que no son asesinadas, acaban crimininalizadas, perseguidas y acosadas".

Global Witness, organización defensora de los derechos medioambientales, publicó el informe '¿Enemigos del Estado?' en el que alertó de que tres activistas fueron asesinados cada semana durante 2018, "mediante ataques motivados por sectores destructivos, como minería, industria maderera y agroindustria". El documento resaltó el caso de Guatemala, donde en un solo año se multiplicaron por cinco el número de muertes: "Pasando de tres en 2017 a dieciséis en 2018, lo que convierte a este país en la nación  más peligrosa del mundo para los activistas ambientales".

Indígenas de Colombia, en pie de guerra por la matanza de sus líderes 

El asesinato sistemático de los líderes del activismo medioambiental en Colombia a llevado a la Organización Nacional del Indígena de Colombia (ONIC) a declarar esta semana una "situación de emergencia" en el país. Desde la firma del acuerdo de paz en noviembre de 2016, 158 jefes indígenas han sido asesinados y 94 de ellos murieron durante el primer año de Gobierno del presidente Iván Duque, entre los meses de agosto de 2018 y 2019. Son estas cifras las que han llevado a distintas organizaciones a acusar abiertamente al mandatario colombiano de los asesinatos, a través de las redes sociales.

El traslado de estos pueblos por la fuerza es una de las lacras que denuncia la ONG colombiana y dificulta el desarrollo de sus integrantes:  "Seguimos viviendo enfrentamientos de actores armados en los territorios indígenas que a diario provocan el desplazamiento y el confinamiento de las comunidades nativas".

Una tragedia con nombres y apellidos

El domingo pasado, Enrique Guejia Meza fue asesinado en una zona rural del departamento del Cauca (suroeste) y su caso se convirtió en el tercer homicidio de un líder social localizado en esta región colombiana en el curso de una semana. Al homicidio de Meza hay que sumar el del líder campesino José Eduardo Tumbó, quien fue asesinado el pasado sábado en una zona rural tras haber tomado partido en las movilizaciones indígenas del mes de marzo.

Ambos cayeron en la misma zona donde el jueves pasado, agentes desconocidos acabaron con la vida del guardia nativo Gersain Yatacue. Ante el encrudecimiento de esta tendencia, la comunidad indígena ha solicitado a la comunidad internacional que actúe como "garante y veedor para superar la situación de emergencia", así como instaron al Gobierno a "adoptar las medidas necesarias" para solucionar el problema.

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