MONTORO DEFIENDE QUE LA NUEVA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO DIFICULTARÁ EL “FRAUDE” Y LA “CORRUPCIÓN”

El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, afirmó este jueves que la reforma de la legislación sobre contratos del sector público supondrá una “mayor transparencia”, lo que hará “más difícil” los “episodios de fraude y corrupción”.
Así lo indicó durante el debate de totalidad del proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, por el que se transponen al ordenamiento jurídico español directivas del Parlamento y del Consejo Europeo de 2014.
Montoro subrayó que se busca “involucrar” a todas las administraciones públicas y sus distintas entidades, además de al conjunto de la sociedad, sobre todo a las empresas.
De esta manera, defendió que se impulsa la “modernización” de los procedimientos de contratación y se quiere “incrementar al máximo la transparencia”.
“Estamos convencidos de que cuanto mayor sea la transparencia más difícil será que se produzcan episodios de fraude y corrupción como los que han sucedido en España durante mucho tiempo”, afirmó el responsable de Hacienda.
Según el ministro, se van a “simplificar todo lo posible los procedimientos” para que más empresas de menor tamaño puedan optar a los contratos del sector público, lo que impulsará la competencia y supondrá una “mejora de la calidad de las obras que se realicen y de los servicios que se prestan a los ciudadanos”. Además, el texto recoge que no podrán ser contratistas con el sector públicos los condenados por corrupción entre particulares.
REDUCIR BUROCRACIA
Por otra parte, con esta ley se busca reducir las cargas administrativas y agilizar los procedimientos, y también que se generalicen las declaraciones responsables, con lo que se eliminan trabas burocráticas y administrativas.
A todo ello se une una apuesta por la utilización de medios electrónicos, se reducen plazos de adjudicación, se aumenta la competencia para una mayor participación de pequeñas y medianas empresas y se incentiva que los contratos se dividan en lotes para permitir el acceso de compañías de menor tamaño a la contratación pública.
Se incluyen en el ámbito subjetivo de la ley a los partidos políticos, fundaciones vinculadas a éstos, organizaciones sindicales o empresariales, si están financiados mayoritariamente por fondos públicos.
DISCAPACIDAD
En la norma se hace referencia también a aspectos medioambientales o sociales, y se podrá favorecer a empresas que acrediten tener medidas de protección de personas con discapacidad.
En concreto, se prevé que puedan reservarse contratos públicos para centros especiales de empleo cuando, al menos, el 30% de sus empleados sean personas con discapacidad.
También se establece la prohibición de contratar con la Administración a empresas con más de 50 empleados que incumplan la obligación de tener en plantilla, al menos, al 2% de trabajadores con discapacidad.