México debate una ley contra la tortura policial inmerso en nuevos escándalos

La situación ha sobrepasado todo límite. Pero cada día surgen nuevos casos que hacen presagiar una horizonte cada vez más sombrío. Asociar los términos 'Policía', 'México' y 'torturas' ya resulta tan familiar para los habitantes del país latinoamericano como increíbles son las imágenes que se filtran día a día en la prensa.

El Congreso mexicano debate en estos momentos una Ley contra las prácticas cada vez más comunes y aberrantes de las fuerzas armadas de ese país, donde el 'vale todo' en los interrogatorios y detenciones de sospechosos es un procedimiento asombrosamente habitual.

El debate comenzó a instalarse definitivamente en la sociedad mexicana hace un par de años, cuando Juan Méndez, relator de la ONU en la Ciudad de México, se animó a comenzar una titánica pelea contra el todopoderoso aparato estatal de corrupción gubernamental. 

En un informe que causa escalofríos, el relator pidió desde entonces que México erradique de una vez por todas el uso de la fuerza militar en tareas de seguridad pública. También exigió la eliminación del arraigo, la polémica figura que permite, en el curso de una investigación por crimen organizado y con orden judicial, mantener encerrada 40 días (prorrogables) a una persona mientras se decide si se presentan cargos penales.

Esta licencia que permite la actual normativa es el caldo de cultivo ideal para que miles de personas, incluso sin condena firme, sean torturadas en calabozos mexicanos de manera obscena. El pasado año, de casi 10.000 personas que fueron detenidas bajo la polémica figura de arraigo, apenas el 3,2% recibió condena.

Sin embargo, miles quedan expuestos a vejaciones, castigos sin límite alguno y todo tipo de torturas, indica la ONU. En 2012, las denuncias por tortura superaron las 2.100. En 2015 se han reducido un 30%, pero las aberraciones continúan.

Entre las prácticas más utilizadas contra los detenidos destacan su desnudez forzada, las humillaciones verbales que reciben, los manoseos en los senos y genitales, introducción de objetos en los genitales y violación reiterada y por varias personas, indica Méndez.

El número vergonzoso de denuncias y casos contrasta con la cifra irrisoria de condenados por propinar las torturas: apenas cinco sentencias condenatorias entre 2005 y 2013. 

En este contexto, la Fiscalía de la Ciudad de México anunció este sábado que inició una averiguación previa por delito de tortura en contra de cuatro policías que aparecen golpeando salvajemente a tres hombres en un vídeo subido en las últimas horas en redes sociales, que se ha convertido en viral.

Los uniformados fueron suspendidos de sus cargos, según informa la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México. El hecho que ahora salta a la luz habría ocurrido en septiembre de 2014. Se trata de un interrogatorio por parte de los agentes a tres civiles que presuntamente participaron en un robo a una tienda. Maniatados y de rodillas, los detenidos reciben todo tipo de golpes en abdomen, torso y pecho.

Este hecho se suma a otro conocido recientemente, en el que se observa la tortura propinada por dos militares y una policía federal a una civil, a la que encañonaban con un arma y ponían una bolsa en la cabeza.

Human Rights Watch (HRW) calificó de "insuficiente" la respuesta del Gobierno mexicano ante el vídeo de la mujer torturada y sostuvo que se debe reconocer el "carácter generalizado" de estos abusos en el país.

El uso generalizado de la tortura en México es evidente. Amnistía Internacional posee registros propios de cerca de 7.000 denuncias de tortura en ese país, que han llegado a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en la última década. 

Desde mediados de 2015, los legisladores mexicanos han abierto un proceso de debate para intentar frenar este drama. En esta instancia el Senado ultima detalles de las Leyes Generales contra la Tortura y una más sobre Desaparición Forzada de personas.

La Ley contra la Tortura deberá ser aprobada por ambas Cámaras esta semana y requiere la coordinación de los tres órdenes de gobierno, así como reglas claras para dar certidumbre en la erradicación de la tortura, frente a los altos índices de impunidad en el país.