Cuando Dilma Rousseff asumió la presidencia de Brasil el pasado enero, se mostró ambivalente sobre su pasado como joven activista política. "No me arrepiento de nada, y tampoco tengo resentimiento o rencor", dijo la presidenta, que cuando era joven formó parte de una guerrilla urbana contra la dictadura y fue torturada durante 22 días seguidos con corrientes eléctricas.
Rousseff ha hecho poco desde entonces a favor de quienes buscan justicia por los crímenes cometidos durante la dictadura. De hecho, su Gobierno duda sobre si una ley de acceso a la información a debate debe permitir la desclasificación de determinados documentos confidenciales.
A diferencia de muchos de sus vecinos latinoamericanos, Brasil todavía tiene que celebrar una comisión de la verdad que clarifique responsabilidades por los crímenes cometidos durante el régimen militar de 1964 a 1985. Tampoco ha revocado la ley de amnistía que protege a los torturadores. En diciembre, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró dicha amnistía ilegal.
Pero un inusual permiso concedido para acceder a los Archivos Nacionales de Brasil puede ser un indicador de que algo está comenzando a cambiar.
El Ministerio de Justicia de Brasil anunció recientemente que concederá acceso "sin restricciones" a 12 investigadores a los documentos del Archivo Nacional "que permiten la identificación de agentes públicos que ordenaron o fueron los autores de actos contra los derechos humanos".
En el pasado los investigadores se han quejado de lo que consideran una denegación de acceso arbitraria a documentos de la época de la dictadura, basada en una interpretación caprichosa de la protección de la privacidad de los individuos. En torno a las elecciones presidenciales del pasado octubre los historiadores denunciaron la denegación sistemática a acceder a documentos de la época militar porque los periodistas también los habían pedido, y los archivos querían "preservar el proceso electoral del daño que podrían provocar con esa información".
En el meollo de la cuestión está la violencia amparada por el Gobierno durante la historia reciente de Brasil, mientras que al mismo tiempo el gigante latinoamericano intenta convertirse en una voz global sobre temas de derechos humanos en el extranjero.
"Hay un enorme retraso. Cada país en América Latina ha tenido una comisión de la verdad, excepto Brasil", dijo durante una conferencia en marzo Manuela Lavinas Picq, profesora de Ciencias Políticas en el Amherst College, que vivió en el exilio durante la dictadura militar en Brasil. "En el resto de América Latina las comisiones de la verdad formaron parte de la transición. En la década de 1980, para alejarse de las dictaduras, y también en la de 1990, para dejar atrás la guerra civil".
Si Brasil aprueba o no crear una comisión está en manos de su Congreso, que podría votar al respecto este mes.
Algunas voces se quejan de que la comisión que se propone crear no es imparcial.
"Si hubiese una comisión de la verdad, deberían investigar a ambas partes, mirar las acciones de aquéllos que defendieron al gobierno y también a los que lucharon contra el. Si no, eso es justicia unilateral", aseguró el general Clovis Purper Bandeira, vicepresidente del Club Militar de Río de Janeiro, tras un evento conmemorativo del aniversario del golpe de 1964.
Pero muchos otros activistas no están satisfechos con los pocos pasos que se han dado desde el Gobierno. No están de acuerdo con el hecho de que la comisión de la verdad no pretenda acusar formalmente a los torturadores, y dicen que se podría hacer más para lograr acceso sin restricciones a algunos documentos.
El acceso "debería de ser para todos, no sólo para quienes han ido allí a pedirlo", asegura Crimeia Alice de Almeida, una de las 12 personas que ha logrado permiso para acceder al Archivo Nacional. Almeida es una ex guerrillera y víctima de torturas que fue encarcelada en Sao Paulo cuando estaba embarazada. Su hijo nació en la cárcel. "El peso de encontrar la verdad sobre todos recae sobre los hombres de unos pocos [de los 12]", lamenta.
Los investigadores que podrán acceder a los documentos son miembros de la no gubernamental Comisión de Familias de Víctimas Políticas y Desaparecidos, cuyo objetivo es documentar los abusos a los derechos humanos durante la dictadura e identificar a sus autores.
El Archivo Nacional de Brasil tiene millones de valiosos documentos a los que los civiles todavía no han tenido acceso. Quienes han recibido el permiso para acceder a investigar apuntan que no podrán consultar determinados documentos que las Fuerzas Armadas no han transferido todavía a la institución pública. (Hace poco se informó que los documentos sobre el supuesto torturador de Rousseff, por ejemplo, fueron destruidos).
"Este es un juego de marketing del Gobierno para decir que ha abierto los archivos", dice Marcelo Zelic, vicepresidente de la ONG Tortura Nunca Mais Sao Paulo.
"Para nosotros va a ser muy difícil descubrir qué falta", admite Almeida.
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