La ONU insta a los países miembros a adoptar "medidas inmediatas" para remediar las "graves vulneraciones de derechos" de las que se acusa al Gobierno de Venezuela. Así lo asegura el último informe de la Alta Comisionada para los DDHH, Michelle Bachelet, redactado a raíz de 558 entrevistas con víctimas y testigos de la violación de derechos y libertades en el Régimen de Nicolás Maduro.
Concretamente, el informe acusa al Gobierno de Venezuela de graves vulneraciones de derechos económicos, sociales, civiles, políticos y culturales que la ONU ha documentado en todo el país.
El informe de la Oficina advierte que, si la situación no mejora, se agudizará el éxodo sin precedentes de emigrantes y refugiados que abandonarán el país, y empeorarán las condiciones de vida de quienes permanecen en él.
El documento se elaboró a petición del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y afirma que en el último decenio, especialmente desde 2016, el Gobierno venezolano y sus instituciones han puesto en marcha una estrategia "orientada a neutralizar, reprimir y criminalizar a la oposición política y a quienes critican al Gobierno". Alude a un conjunto de leyes, políticas y prácticas que ha reducido el ámbito democrático, ha desmontado el sistema de control institucional sobre el poder ejecutivo y ha permitido la reiteración de graves violaciones de derechos humanos.
En el documento se destaca la repercusión de la profunda crisis económica, que ha privado a la población de los medios necesarios para satisfacer sus derechos fundamentales en materia de alimentación y cuidados médicos, entre otros.
Tras hablar con 558 víctimas y testigos
Michelle Bachelet, visitó el país del 19 al 21 de junio y sostuvo entrevistas con una amplia gama de figuras políticas, desde el presidente Nicolás Maduro y otros altos funcionarios del gobierno, hasta el presidente de la Asamblea Nacional, así como con miembros de la sociedad civil, empresarios, profesores y otros interesados, y también con víctimas y sus familiares. Tras la visita, un equipo de dos oficiales de la Oficina permaneció en el país, en el marco de un acuerdo que les permite prestar asesoramiento y asistencia técnica, y monitorear la situación de derechos humanos.
El informe se basa en 558 entrevistas con víctimas y testigos de violaciones de derechos humanos y de la deteriorada situación económica, en Venezuela y otros ocho países, así como en otras fuentes, y abarca el periodo comprendido entre enero de 2018 y mayo de 2019.
“Durante mi visita a Venezuela, pude conocer directamente los relatos de quienes han sido víctimas de la violencia del Estado y sus peticiones de justicia. He transmitido con exactitud sus opiniones y las de la sociedad civil, así como las violaciones de derechos humanos documentadas en este informe, a las autoridades competentes”, ha declarado Bachelet.
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