El Senado italiano aprueba la nueva ley sobre la utilización de escuchas en investigaciones

ROMA, 10 (de la corresponsal de EUROPA PRESS, Gloria Moreno)

El Senado italiano aprobó este jueves con 164 votos a favor y 25 en contra la nueva ley que regula la realización de escuchas telefónicas en investigaciones judiciales y cuyo objetivo es poner límites a su utilización e impedir que su contenido sea publicado por la prensa.

El Gobierno, que al final se ha tenido que conformar con una norma menos atrevida de lo que preveía a causa de la aguda polémica que había generado el borrador inicial, sometió la norma a una votación de confianza, para evitar así que ésta volviera a ser modificada.

Los partidos de la oposición rechazaron tanto la norma como la decisión de someterla a una votación de confianza. Así, los senadores del Partido Demócrata (PD) abandonaron la sala y no participaron en la votación, mientras que los de Italia de los Valores (IDV), que habían pasado la noche en la Cámara Alta en señal de protesta, fueron expulsados del aula por intentar obstruir la sesión. Aun con todo, en el momento de la votación, los senadores de IDV fueron readmitidos en el aula.

Con esta ley "queréis esconder vuestros negocios, el uso privado de los recursos públicos y tutelar vuestra privacidad", denunció la presidente del grupo parlamentario del PD, Anna Finocchiaro.

Por su parte, la Federación Nacional de la Prensa Italiana (FNSI en sus siglas en italiano) también manifestó su oposición a la norma y convocó una huelga del sector el próximo 9 de julio, que será una jornada de "silencio informativo".

Después de numerosos retoques y rectificaciones, la norma autoriza la utilización de escuchas telefónicas sólo en el caso de delitos castigados con más de cinco años de cárcel, incluida la corrupción. La duración de las escuchas sólo puede durar 75 días, que se podrán prorrogar de tres en tres días.

En cuanto a las multas, los periódicos que publiquen de modo textual las escuchas se enfrentarán a sanciones de hasta 300.000 euros. Esta pena será de hasta 450.000 euros si las escuchas que se publican atañen a personas extrañas a los hechos.

Asimismo, los periodistas que incumplan la ley podrán ser condenados a un mes de cárcel o a una sanción de hasta 10.000 euros si publican las escuchas durante investigaciones o actos cubiertos de secreto.

Por otro lado, los magistrados deberán advertir a la diócesis si quien es escuchado es un sacerdote, mientras que si es un obispo, será necesario avisar a la secretaría de Estado del Vaticano.