Martes, 20.08.2019 - 08:29 h
Podrán demandarlas ante tribunales estadounidenses

Las empresas de EEUU podrán reclamar sus propiedades expropiadas en Cuba

Pese a la oposición de la UE, la medida permitirá reclamar ante cortes estadounidenses propiedades en la isla expropiadas tras la Revolución Cubana.

Fidel Castro (izquierda), junto al Che Guevara (centro) y otros mandatarios castristas en 1960
Fidel Castro (izquierda), junto al Che Guevara (centro) y otros mandatarios castristas en 1960. / Wikimedia

EEUU endureció este jueves el embargo a Cuba al implementar, por primera vez y pese a la oposición de la Unión Europea, una medida que permitirá reclamar ante cortes estadounidenses propiedades en la isla que fueron expropiadas tras la Revolución cubana.

Después de tres meses de amenazas, el Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, levantó hoy la suspensión de los Títulos III y IV de la ley Helms-Burton, una decisión que podría generar demandas contra empresas de todo el mundo, entre ellas el grupo Meliá en España y la minera canadiense Sherritt.

La medida entra en vigor hoy 2 de mayo, cuando caduca la última suspensión de los Títulos III y IV dictada por el secretario de Estado, Mike Pompeo.

Su aplicación permitirá a los estadounidenses, incluidos los cubanos nacionalizados, demandar ante cortes de EEUU a las compañías que supuestamente se benefician de propiedades en Cuba que eran suyas o de su familia antes de la Revolución liderada por Fidel Castro en 1959.

Oposición de la UE

Esa decisión promete elevar las tensiones con la UE, que aglutina la mayoría de las compañías amenazadas y cuya alta representante para Política Exterior, Federica Mogherini, este jueves lamentó "profundamente" la plena aplicación de la ley y consideró que "debilita" la asociación transatlántica.

En una declaración en nombre de los Veintiocho, Mogherini afirmó que la entrada en vigor por completo de la Ley Helms-Burton "contraviene el derecho internacional" y avisó de que la UE "recurrirá a todas las medidas adecuadas para abordar las consecuencias de la aplicación" de esa iniciativa.

En concreto, Bruselas ha prometido recurrir a su "estatuto de bloqueo", que prohíbe la aplicación de las sentencias de tribunales estadounidenses relacionadas con el Título III en territorio comunitario y permite a los demandados recibir indemnizaciones por daños a través de procedimientos judiciales contra sus demandantes en las cortes europeas.

En el caso concreto de España, cuyas empresas dominan gran parte del mercado hotelero cubano, el ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, ya ha anticipado que es necesario que la UE acuda de nuevo a la Organización Mundial del Comercio (OMC).

De hecho, fue una primera demanda ante la OMC presentada por la UE en 1996 la que forzó a EEUU, entonces con Bill Clinton en la Casa Blanca, a suspender indefinidamente la aplicación de los Títulos III y IV, medida que fue respetada por todos los antecesores de Trump.

La medida promete aumentar la incertidumbre para los interesados en invertir en Cuba y supone un paso más en la escalada de presión de la Casa Blanca contra La Habana, a la que también responsabiliza en buen grado de la permanencia en el poder en Caracas del presidente venezolano, Nicolás Maduro.

Primera demanda, a las horas de levantar la suspensión

A las pocas horas del levantamiento de la suspensión, la empresa de cruceros Carnival fue demandada hoy judicialmente en los tribunales federales de Miami por el uso de instalaciones portuarias en Cuba que tras la revolución de 1959 fueron expropiadas a sus dueños sin compensación.

Se trata de la primera demanda amparada en el Título III de las Ley Helms-Burton de 1996, que permaneció en suspenso durante 23 años pero hoy entró en vigor por decisión del Gobierno de Donald Trump, que busca propiciar así un cambio político en Cuba.

Las primeras demandas fueron interpuestas por Javier García Bengoechea, que dice ser el legítimo propietario del puerto de Santiago de Cuba, y Mickael Behn, cuya familia originaria de Kentucky poseía la compañía Havana Docks Corporation en el puerto habanero hasta que les fue confiscada.

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