Obama espera de Birmania elecciones libres y reformas constitucionales

El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, se ha pronunciado en contra de la previsión constitucional que prohíbe aspirar a la Presidencia de Birmania a quienes estén casados con extranjeros o tengan hijos extranjeros, que impide que la líder opositora Aung San Suu Kyi concurra a las próximas elecciones.

Aunque no ha mencionado directamente a la líder de la Liga Nacional para la Democracia, en la rueda de prensa conjunta que han ofrecido tras su reunión en Rangún, Obama ha considerado que este impedimento constitucional no tiene sentido.

La premio Nobel de la Paz, que está casada con un británico y cuyos dos hijos tienen nacionalidad británica, se ha expresado en la misma línea, reiterando que este precepto de la Carta Magna, es "inaceptable".

Además, la líder opositora ha insistido en que, a pesar de las reformas emprendidas en los últimos años, la transición democrática en Birmania no está garantizada, por lo que ha pedido a Obama que Estados Unidos permanezca vigilante.

"Nuestro proceso de reformas atraviesa actualmente un camino lleno de baches, pero este camino lleno de baches es algo que podemos negociar con el compromiso y con la ayuda de nuestros amigos en el resto del mundo", ha dicho Suu Kyi.

Así, ha advertido en contra del "exceso de optimismo", alertando de que "podría llevar a la complacencia". "Lo que necesitamos es un sano equilibrio entre optimismo y pesimismo", ha señalado, en declaraciones recogidas por la cadena británica BBC.

A este respecto, Obama ha recalcado que "el proceso de reformas democráticas en Birmania no está completo ni es irreversible". "Estados Unidos reconoce los desafíos venideros y, por tanto, no puede ser complaciente", ha afirmado.

Obama se reunió el jueves con el presidente birmano, Thein Sein, y transmitió la misma idea. "El proceso de democratización en Birmania es real, pero en nuestras discusiones hemos reconocido que aún está incompleto", dijo en una rueda de prensa conjunta.

En marzo de 2011, la junta militar cedió el mando a un Gobierno civil liderado por Sein que puso en marcha una serie de reformas políticas y económicas encaminadas a restaurar la democracia y que han supuesto, entre otras cosas, la liberación de presos políticos y el inicio de un diálogo de paz con las minorías étnicas.

En respuesta, la Unión Europea, Estados Unidos y Australia han comenzado a levantar algunas de las sanciones que impusieron a Birmania por las violaciones de los Derechos Humanos cometidas por la junta militar, pero han advertido de que para su derogación definitiva el país asiático tendrá que completar su transición.