Ya lo dejó claro la semana pasada: Boris Johnson preferiría "estar muerto en una zanja" antes que solicitar otra prórroga a la UE para ejecutar el Brexit más allá del próximo 31 de octubre. Este lunes, además, le ha trasladado a Jean-Claude Juncker su intención de no posponer más el asunto, lo que implicaría saltarse la ley aprobada por el Parlamento británico que le obliga a solicitar una nueva extensión del Artículo 50 en el caso de no llegar a un acuerdo con la UE. Pero, ¿es técnicamente posible? ¿Puede Boris Johnson saltarse la ley y no prorrogar el Brexit sin acuerdo con la UE?
Ante las cámaras y micrófonos, Boris Johnson aún mantiene vivas las esperanzas para llegar a un acuerdo con la UE que evite el desastre económico que supondría un Brexit 'duro' y así lo ha dejado entrever en la reunión celebrada este lunes con Juncker en Luxemburgo, donde se ha comprometido a seguir trabajando para lograr una salida negociada de la UE. Sin embargo, durante la última semana ha repetido en varias ocasiones y en varios contextos que no obedecerá la ley aprobada por el Parlamento.
Una norma que establece que antes del 19 octubre 2019 Johnson esté obligado a llevar a cabo una de las tres siguientes acciones: que los parlamentarios aprueben el acuerdo de retirada (el que ya fuera sellado por Theresa May), que los parlamentarios aprueben una moción acordando un Brexit sin acuerdo o escribir a la UE solicitando una extensión del artículo 50 más allá del 31 de octubre. Lo que en la práctica conduciría indefectiblemente a una tercera prórroga del Brexit. A diferencia de la enmienda que ya aprobaron (en dos ocasiones) los 'comunes' entre enero y marzo, esta no sería meramente consultiva, sino de obligado cumplimiento por parte de Johnson.
Sin ley para un primer ministro que no acata la ley
El problema, como en otros casos de la legislación británica, es que no existe una ley concreta para juzgar a un primer ministro que se salta una ley aprobada por el Parlamento. Es decir, que no hay una norma que pueda imponer una pena a Boris Johnson por no prorrogar el Brexit. Sin embargo, como sucede con otros casos con algún vacío legal en Reino Unido, el derecho consuetudinario (por usos y costumbres) es el que sirve para impartir justicia.
Esto se debe principalmente a dos motivos: que el Parlamento británico representa "históricamente y en su práctica moderna, ambos poderes [legislativo y ejecutivo], no solo uno de ellos", tal y como apunta este reciente artículo publicado por la Asociación de Derecho Constitucional de Reino Unido; por otro lado, se recurre a los usos y costumbres debido a la "extrema ambigüedad del Tribunal Supremo [el equivalente al Tribunal Constitucional español]", lo que lleva a que ni siquiera se trate de una cuestión interpretativa, sino de falta de leyes o sentencias claras y precisas que permitan sentar precedentes.
Precisamente el Tribunal Supremo británico pondrá en marcha este martes una audiencia de emergencia para decidir si Boris Johnson actuó ilegalmente al solicitar a la Reina la suspensión del Parlamento, efectiva desde la semana pasada y hasta mediados de octubre. Se trata del último paso de la oposición antiBrexit por la vía jurídica, iniciada en las cortes de Escocia -donde la suspensión fue declarada "ilegal" la semana pasada- y en Irlanda del Norte, donde el juez optó por inhibirse en una cuestión meramente política.
¿Dimisión o cárcel por rebeldía?
Ante la falta de respuestas por parte de la judicatura o el ámbito legislativo, existen dudas sobre las consecuencias legales de que Boris Johnson se salte la ley y decida no solicitar una prórroga del Brexit más allá del 31 de octubre. Eso sí, varios abogados y expertos en Derecho ya han aconsejado al primer ministro que dimita antes de verse en la situación de desobedecer una ley aprobada por los 'comunes'. Y, llegado el caso, sería lo más inteligente, porque la alternativa podría llegar a la pena de cárcel por rebeldía.
Algunas de las voces más notables que apuntan en este sentido son la del conservador escocés y exprofesor de Derecho Adam Tomkins, quien considera que Boris Johnson debe renunciar en lugar de violar la ley al forzar un Brexit sin acuerdo. Por su parte, Lord MacDonald, exdirector de la Fiscalía Pública de Inglaterra y Gales, comenta en 'Sky News' que si Johnson se niega a solicitar una extensión, podría ser declarado culpable de rebelión contra la Cámara de los Comunes: "Una negativa frente a eso equivaldría al desacato en un tribunal, lo que podría terminar con esa persona en prisión".
A pesar de que no siempre fue así, desde 1911 el poder legislativo de la Cámara de los Comunes excede el poder de la Cámara de los Lores, ya que a partir de dicha fecha se les suprimió a los lores el poder de rechazar las leyes conservando solo la potestad de sugerir modificaciones. Si a esto le sumamos que los usos y costumbres británicos establecen claramente que la labor de la Reina es meramente consultiva -o de refrendo-, desafiar una ley aprobada por los 'comunes' equivaldría a enfrentarse a la base parlamentaria sobre la que reside el poder ejecutivo. Y, aunque no exista un precedente moderno, parece previsible que los abogados que asesoran a Boris Johnson tengan razón: si se salta la ley, podría ir a la cárcel.
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