El informe pelícano de Aznar contra el secesionismo vasco-catalán

Antes del drama catalán de estos días, el lehendakari Juan José Ibarretxe se plantó allá por febrero de 2005 en el Congreso de los Diputados para defender un proyecto de libre asociación del País Vasco con el Estado español. La iniciativa, que la historia recuerda como 'plan Ibarretxe', fue ampliamente derrotada en la Cámara Baja durante la presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero, si bien ése fue solo el final del camino. El proyecto fue anunciado en el Parlamento vasco en septiembre de 2001 y sus efectos colaterales jalonaron los años de mayoría absoluta de José María Aznar y del Partido Popular al frente del Gobierno. Al punto que los populares prepararon toda una estrategia económica para afrontar el desafío... si éste pasaba a mayores.

"Aznar encargó a los ministerios económicos un informe que circuló por Moncloa -explica hoy uno de los pocos que estuvo al corriente del documento-. Se trataba de un amplio análisis con argumentos que podían utilizarse para fomentar el acuerdo y la normalización de la situación en el País Vasco. En esencia, contemplaba los escenarios a los que se enfrentaba Euskadi como país independiente y ponía negro sobre blanco las razones por las cuales no tenía ninguna viabilidad en solitario". Y recuerda que el trabajo se utilizó en esos años para tomar algunas medidas de distensión que lograron evitar que el conflicto terminara por descarrilar en un primer momento.

"Inicialmente, hubo una aproximación al PNV y se planteó la retirada de más de un centenar de conflictos de competencias que estaban judicializados. Muchos de ellos eran absurdos", explican estas fuentes. Sin embargo, más allá de acciones puntuales, el informe en cuestión desglosaba perfectamente cómo desde el Estado podía atacarse la línea de flotación económica del proceso independentista. Y la primera vía de agua debían provocarla las pensiones. "Euskadi tenía un problema muy serio con esa prestación. La reconversión industrial había generado pensiones muy infladas y, además, en personas muy jóvenes, que cobrarían durante muchos años. Solo eso hacía inviable un país independiente desde la sostenibilidad de las finanzas públicas", sostienen estas fuentes, que aún hoy trabajan en la Administración.

La cuestión es relevante porque, aunque no ha trascendido que el Gobierno de Rajoy maneje un informe similar sobre la independencia de Cataluña, el 'modus operandi' y la estrategia no parecen haber cambiado un ápice casi dos décadas después. Esto es, el caballo de Troya vuelve a ser la economía, con una comunidad autónoma que adeuda en torno a los 75.000 millones. En este sentido, las finanzas públicas en Cataluña han sido el equivalente a las pensiones vascas. Y el ejecutor de la hoja de ruta como 'controller' de esas cuentas ha sido Cristóbal Montoro, al mando del 155 financiero que supone la total intervención de las cuentas y pagos catalanes. "Es un estrangulamiento económico en toda regla", reconocen 'sotto voce' desde el Ejecutivo.

La puntilla a la banda de Puigdemont, empero, se la han dado las propias empresas catalanas, al anunciar su salida de Cataluña. "No es que tengan mucho aprecio a España, es que necesitan las líneas de liquidez del BCE", terciaba un descreído empresario en relación a las entidades financieras. En cualquier caso, la decisión del universo Caixa y Sabadell de abandonar sus sedes históricas, con el efecto arrastre que además genera en otras firmas de su órbita, tiene un efecto brutal para la secesión. Sin ir más lejos, y como glosaba el sábado este diario, los independentistas se quedan de un plumazo sin el 25% de los ingresos que tenían previstos por el Impuesto de Sociedades. Para sacar papel y lápiz y, como mínimo, volver a echar las cuentas.

Aquel 'informe pelicano' encargado por Aznar también planteaba medidas relacionadas con la mejora de la financiación para el País Vasco, capacidad que -se pregunte a quien se pregunte hoy entre los técnicos de Hacienda- también se posee respecto a Cataluña. "Yo leí el informe y había 15 o 16 vías de actuación, medidas que afectaban esencialmente a la financiación autonómica, perfectamente asumibles", expone otra fuente conocedora de aquel procedimiento. Y pocos tienen dudas de que es la senda de la financiación y la fiscalidad la que habrá que recorrer tarde o temprano para Cataluña. Por ahora, y mientras dure el órdago actual, nadie en Hacienda y Economía se atreve a decirlo si no es 'off-the-record'.

Un redactor de este diario llamaba el pasado miércoles a una de sus fuentes, a la sazón un diputado independentista, para preguntarle por el impacto en el 'procés' de las caídas en bolsa de Caixa y Sabadell, que se desplomaban entre un 5% y un 6%, al tiempo que perdían 3.000 millones de capitalización. Le encontró en un cajero de una de las afectadas. "El cambio es que iba a sacar 100 euros y ahora voy a sacar 400", le dijo, dejando bastante claro que no se trataba de una broma. En esa línea, en el 'clutch time' para las empresas, toda la inexplicable tibieza de años se trocó en temores, dudas e intereses. Al final tenía razón Artur Mas: los bancos se moverían en función de su conveniencia. Claro que ésta, en firmas altamente internacionalizadas, no puede pasar por acotar su territorio. Como Mas, también acertaba Joel Grey: "Money makes the world go round, than clinking clanking sound". Un sonido delicioso hasta para un independentista.