OPINION

Es la hora de la financiación alternativa, no bancaria

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Tras una década de relación entre gobiernos y sector bancario más próxima a la de médico-paciente, ha tenido que ser precisamente una crisis sanitaria como la de la Covid-19 la que genere una especie de asociación de auxilio entre estos mismos gobiernos y las entidades bancarias para colaborar en la salida de la crisis económica y empresarial que ha provocado la pandemia. Ésta es ya, a día de hoy, una crisis de financiación empresarial sin precedentes próximos, debido a los inesperados desfases de caja que se han derivado para las empresas por no poder vender ni cobrar, y sí gastar lo inaplazable.

Un alto número de gobiernos han optado por líneas de avales con garantía soberana al crédito corporativo de la banca a fin de paliar esos desfases de caja que, de cronificarse, podrían llevar a la iliquidez y a la insolvencia empresarial. La complementariedad entre gobiernos y bancos tiene mucha lógica financiera, pero la deseada supervivencia y recuperación de todas las empresas que funcionaban bien hasta el parón de la Covid-19 no está plenamente garantizada.

De una parte, los bancos, que no los gobiernos, tienen acceso a una fuente directa de liquidez, prácticamente ilimitada, en los bancos centrales. De otra parte, la garantía soberana todavía hoy se considera que tiene riesgo cero en los sistemas financieros nacionales. Ello permite reducir el riesgo del crédito corporativo de los bancos en la parte avalada por los estados y, además, su consumo de capital es prácticamente nulo. Con la alianza de los bancos y los gobiernos casi todos salen ganando en esta crisis, también aquellas empresas cuyo riesgo es aceptable para los bancos.

No obstante, algo que en principio parece una complementariedad perfecta para ayudar a arrancar los motores empresariales parados a causa de la pandemia, no lo será tanto. De hecho, ya se empieza a percibir un elevado riesgo de exclusión financiera de amplios sectores empresariales. Puede que mensajes como el del servicio a la nación tengan cabida en el repertorio de marketing de los bancos, pero ni entran ni pueden entrar en sus criterios de selección de riesgo, y menos después de una década de paciente y sumisa adaptación a regulaciones macro y micro prudenciales.

Esta crisis sorprende a España con los deberes de ortodoxia financiera a medio hacer y con unas medidas de emergencia adoptadas que puede que no sean suficientes para la recuperación. Es cierto que hemos pasado de una España anterior a 2008, en la que los bancos y las empresas tenían un gran apetito de riesgo crediticio, a un país en el que ambos actores tienen mayor aversión al riesgo y al endeudamiento. De hecho, la banca afronta en este momento un dilema: dar crédito al que más lo necesita y más dudas plantea sobre su repago o dar ese préstamo a la empresa que menos lo necesita y que plantea menos dudas sobre su devolución.

La regulación bancaria de hoy, ya plenamente cimentada en la pérdida esperada y no en la incurrida, va a conducir inexorablemente al segundo escenario descrito, por más que los gobiernos sueñen con el primero. Esto va a generar que un segmento empresarial necesario para salir de la tormenta financiera debida a la Covid-19 quede excluido total o parcialmente del crédito bancario.

No hay nada que reprochar en todo ello, pero sí alertar y buscar soluciones alternativas para los males de una eventual pandemia de insolvencias en los registros mercantiles, porque se está a tiempo. Es la hora de la financiación alternativa no bancaria. En este escenario, los poderes públicos se tendrían que plantear apoyarla y facilitar su desarrollo. En España es relativamente reciente aún y dista mucho de ser un riesgo material desde la perspectiva de la estabilidad financiera macroeconómica.

Una entidad de financiación alternativa carece de los condicionantes políticos de protección de ciudadanos depositantes porque tan solo tiene inversores. Además, estos tienen un perfil de riesgo más alto que los accionistas de la banca tradicional. Por ello, están en posición de aliviar y mitigar la amenaza de exclusión financiera de una parte del tejido empresarial, aquel que tiene un sesgo alto y queda fuera de los radares convencionales de riesgo bancario.

Las entidades de financiación alternativa, también denominadas "no bancos", cumplen la misión de mercado de reconciliar la oferta y la demanda de crédito corporativo de riesgo medio y alto. Aunque obviamente los criterios de selección de riesgos elevados se han endurecido, continúa siendo cierto que clientes que no encajan en la banca tradicional pueden hacerlo en "los no bancos". Los bancos tradicionales y las entidades de financiación alternativa se complementan y el repliegue de la banca hacia zonas de confort con la crisis de la Covid-19 deja un espacio que pueden cubrir, en parte, los "no bancos".

Dice un viejo refrán que "no se pueden pedir peras al olmo". El olmo es un muy noble árbol reducido hoy a dar sombra en el suelo público de las ciudades merced a sus frondosas copas. Es un árbol que cuenta con el fruto probablemente más inteligente para preservar su reproducción como especie, la sámara. Pero la sámara no se come y el olmo, en definitiva, no da peras ni en tiempos de escasez. Las peras provienen de un árbol de cultivo que precisa de suelo privado y técnicas de cultivo muy diligentes para llegar a la mesa del que lo demanda.

España cuenta con un magnífico sistema bancario que dará protección y sombra a los actores de menor riesgo, si bien no a los de mayor complejidad financiera. Por ello, tal vez las autoridades económicas debieran hacer tests de exclusión financiera en el tejido empresarial y, de resultar positivos, considerar que los futuros tramos de líneas de avales del ICO ayuden a mitigar esa posible exclusión financiera de empresas que no encajan en el apetito de los bancos, pero sí en de los "no bancos".

*Marcos Flores Kloibhofer es consejero delegado de Finalbion.

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