Las batallas subterráneas del negocio nuclear

El debate sobre la energía nuclear siempre ha sido intenso. Comenzó con los planes para construir hasta 39 centrales nucleares en España. La oposición social, junto a factores políticos y económicos frenaron la expansión, pero no la polémica. La prueba es que en 1984 el Gobierno de Felipe González aprobó una moratoria. Pese a todo, se construyeron diez reactores. Hoy, quedan siete en cinco instalaciones que tienen dificultades para gestionar los residuos que generan. El Gobierno de Pedro Sánchez quiere cerrarlas, pero no ha decidido todavía ni cómo ni cuándo.

Aquella moratoria del 84, por la que se dejaron de construir tres centrales -Lemóniz, Valdecaballeros y un segundo reactor en Trillo-, ha costado a los consumidores 5.717 millones de euros, pagados con el recibo de la luz durante más de un cuarto de siglo. En teoría, desde 1997, con la aprobación de la nueva Ley del Sector Eléctrico, cualquier empresa era y es libre para construir una nueva central. Si se valoró, ninguna dio el paso. A esas alturas de siglo, la polémica sobre el futuro de las centrales bastaba para disipar cualquier posible duda inversora. Catorce años después, Fukushima acabó de despejar las dudas.

Desde entonces, las empresas eléctricas españolas han tratado de mantener el negocio en positivo. Y en la medida de lo posible, alargarlo hasta donde la tecnología, la política y la opinión pública lo permitan. En este contexto es donde se cruzan las batallas, más duras cuanto más ocultas. La primera batalla, la política. De siempre ha habido partidos más proclives que otros a la energía nuclear e incluso en los partidos más críticos ha habido destacados pronucleares.

Ni ley, ni norma

El debate estaba servido porque la vida útil de las centrales no está fijada en ninguna ley ni norma internacional. Mientras países como EE UU han dado permiso para funcionar 60 años a nucleares similares a las españolas, Alemania ha optado por un cierre anticipado.

En el PSOE, el debate interno ha sido intenso en los últimos 20 años. En 2004, Jesús Caldera anunció de palabra y de forma un tanto improvisada que cerrarían las nucleares en 2024, pero la idea no llegó al programa electoral. Esa referencia a la vida útil, estimada en 40 años, fue recogida por el Consejo Asesor para la Transición Ecológica de la Economía (CAPTE) que impulsó Pedro Sánchez y presidió la actual ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera.

Con estudios del Observatorio Crítico de la Energía (Victoria y Gallego, 2018) y del Instituto de Investigación Tecnológica (ITT) de la Universidad de Comillas, los expertos de CAPTE concluyeron que no existe ninguna barrera técnica que impida el cierre de centrales nucleares en el horizonte 2025 -el de Caldera-, con un impacto mínimo, además, en el bolsillo de los consumidores.

Son conclusiones alejadas de aquellas a las que llegó el grupo de expertos reunido por el exministro de Energía Álvaro Nadal (PP) para analizar el futuro del sector energético. Para éstos, cerrar el parque nuclear “supondría un incremento del coste de generación de entre 2.000 y 3.200 millones de euros cada año” y duplicaría las emisiones. Toda una pelea.

El debate nuclear, teñido de política, también ha afectado y afecta al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), un organismo independiente de la Administración, con personalidad jurídica propia y que teóricamente solo rinde cuentas al Congreso de los Diputados y al Senado. El CSN, con mayoría del PP, está pendiente de renovación. Otra batalla subterránea.

Miradas de reojo

Los partidos deben elegir candidatos para sustituir a los cuatro consejeros que finalizan mandato entre diciembre de este año y febrero de 2019. Las formaciones políticas se miran de reojo. Los aliados del Gobierno por la izquierda (Podemos) quieren participar en el CSN para impulsar el cierre de nucleares y el Ejecutivo aguanta el envite sin mover pieza.

En este escenario incierto, las empresas también libran sus batallas. Unas públicas y otras no. Endesa e Iberdrola, que participan en todas las centrales activas, no se ponen de acuerdo. El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, es partidario de cerrar la persiana a los 40 años. Sostiene que el negocio nuclear no es rentable por la excesiva carga de impuestos.

Endesa trabaja con otros tiempos. La compañía propiedad de la italiana Enel quiere prolongar la actividad de las centrales para amortizar las inversiones con más comodidad; trata de ganar tiempo en la reestructuración de su actividad. La central de Almaraz debe solicitar renovación de licencia antes de marzo de 2019 y se ha convertido en el tablero de juego de las dos compañías.

El resultado de las batallas determinará si España sigue siendo uno de los 31 países que mantiene nucleares en actividad o, por el contrario, se suma a la política de cierres a la alemana. Las espadas están en alto. Pero no por mucho tiempo.