Las tribulaciones de un ecologista en el Consejo de Seguridad Nuclear

El Gobierno de Pedro Sánchez ha propuesto como candidatos para renovar el Consejo de Seguridad Nuclear a tres expertos en energía nuclear y a una política socialista licenciada en Ciencias Políticas y Sociología, encargada de cuestiones de energía y sostenibilidad en el PSOE desde 2014. Nada escandaloso. Nada que choque con lo que ha sido el manejo del organismo por parte de los partidos desde 1980: un cambio de mayorías a instancias del Gobierno de turno. A veces con pacto, a veces sin él. En esta ocasión, la batalla política es más intensa.

La razón es que uno de los tres técnicos elegidos por el Ejecutivo es Francisco Castejón, aragonés, doctor en Física y especialista en física termonuclear. Castejón ha sido propuesto por Equo-Podemos, es ecologista y es también un activista en contra del negocio nuclear. Tres cargas de profundidad contra la estructura que ha controlado el CSN en los últimos años, a menudo de forma escandalosa.

El presidente en funciones del CSN, Fernando Marti, ingeniero de minas, ex secretario de Estado de Energía con el PP y 12 años en la vicepresidencia de la antigua Comisión Nacional de la Energía (CNE), ha intentado interferir en el proceso de renovación del Consejo. Marti, cuyo mandato expiró en diciembre pasado, solicitó por carta a la presidenta del Congreso, Ana Pastor, retrasar la votación prevista en el Congreso sobre los candidatos propuestos. De haber sido aceptado, el retraso habría impedido a los candidatos propuestos comparecer ante la Comisión de Transición Ecológica del Parlamento, como exige la ley para ser nombrados.

La misiva de Marti a Pastor, encabezada por un “Querida Ana” y de 66 folios, explicaba a la presidenta del Congreso que Castejón es ecologista, que es partidario del cierre de nucleares y que en sus intervenciones ante el Comité Asesor del CSN ha mostrado “posiciones críticas, de denuncia, y en muchos casos de descalificación de las actuaciones del CSN”. Pastor, tercera autoridad del Estado, no hizo caso a Marti. Es el Congreso el que examina la idoneidad de los consejeros y es el Gobierno el que decide en última instancia en caso de que los propuestos no obtengan el respaldo de la Cámara.

Ideología y gestión

Pero el daño está hecho. Con su iniciativa, Marti ha demostrado que la ideología sí es un factor que ha pesado en la gestión del organismo que ha presidido durante seis años. El CSN tiene la misión de garantizar el funcionamiento del parque nuclear en condiciones de seguridad. Según Marti –apoyado por el PP- haber criticado el funcionamiento del organismo o mostrarse en contra de cómo funciona el negocio de las centrales inhabilita a un especialista en física nuclear para velar por la seguridad del parque.

El intento de Marti de interferir en los procedimientos del Parlamento ha estado a la altura de las maniobras orquestadas por el PP -y en menor medida de Ciudadanos- para impedir los nombramientos, propuestos de forma legítima y de acuerdo con las atribuciones que tiene el Gobierno. Así lo han reconocido los servicios jurídicos de la Cámara. El juego electoral no puede justificarlo todo.

Cosa muy distinta es que tanto PP como Ciudadanos planteen la necesidad de revisar el mecanismo de nombramientos en organismos como el Consejo de Seguridad Nuclear, que deben ser independientes de la Administración General del Estado. Ciudadanos lo planteó en 2017 en una proposición no de ley –votada a favor por el PSOE-. Pero poner una iniciativa parlamentaria de hace dos años como zancadilla de última hora al Gobierno en el Congreso no es de recibo. Es enredar lo de por sí enredado.

La realidad es que el presidente en funciones del CSN, el PP y Ciudadanos han trabajado esta semana en la misma dirección para torpedear una nueva mayoría en el Consejo con representación antinuclear. Lo han hecho cuando están en marcha planes para cerrar el parque entre 2025 y 2035. Difícil, muy difícil, creer en casualidades.

Martí fue reprobado en el Congreso por todos los partidos, incluido el PP, en junio del pasado año. Se va a regañadientes, en medio de una pelea inédita en el Consejo que aún preside y señalando con el dedo a un candidato que no comparte sus ideas. Es algo poco elegante. Aunque es comprensible que duela lo que deja atrás: categoría de ministro y un sueldo -101.804 euros en 2018- que supera el del presidente del Gobierno. Deja un Consejo mermado en su prestigio y con tensiones internas. Un legado digno de Julio Verne ('Las tribulaciones de un chino en China') para Castejón y compañía.