Ha empezado la batalla por la vieja normalidad. Los fabricantes de coches reclaman planes con dinero público para renovar el parque automovilístico; las grandes constructoras piden más obra pública y proyectos de colaboración público-privados; las petroleras, un nuevo marco regulatorio que asegure la transformación del negocio y la seguridad de las inversiones; y los empresarios, menos impuestos y más flexibilidad en el mercado laboral, además de no tocar ni una coma de la reforma de 2012.
Tras el paso del coronavirus hay prisa por volver a las recetas con las que se cocinaron las vacas gordas de la recuperación tras la gran crisis de 2008. Hay poco interés por repensar el futuro. A lo más que se llega es a proponer remiendos para los huecos que han quedado más en evidencia tras el paso del tsunami pandémico: excesiva dependencia de los servicios; un mercado laboral precario; un sistema fiscal ineficiente y un tejido industrial débil. Que los bares hayan abierto al público antes que los comercios, las librerías, los colegios y las Universidades muestra el tuétano del país.
La pelea por la vieja normalidad implica reclamar lo que se tuvo. Las petroleras y la industria del automóvil exigen para encarar la crisis que el Gobierno haga lo que han venido haciendo todos los Gobiernos desde hace más de un cuarto de siglo: inyectar dinero público para sostener las ventas. Petroleras y fabricantes de automóviles sufren una tormenta perfecta por los planes descarbonización para reducir emisiones y combatir el cambio climático, por el cambio de hábitos de las generaciones más jóvenes y por la gran crisis de la Covid-19. No quieren ni oir hablar de transiciones energéticas o de ministras y ministros enamorados de las bicicletas. Necesitan apoyo al viejo estilo -Planes Pive, Renove, Move- que empiecen a mover la rueda del consumo y de la industria. Para qué innovar sobre lo que funcionó.
Subvenciones, a escena
La industria también esgrime el ¿qué hay de lo mío? El Sars Cov-2 ha congelado los planes del Gobierno para corregir anomalías en el sistema de subvenciones más o menos encubiertas a las grandes empresas. Por ejemplo, las que cargaban sobre el conjunto de consumidores eléctricos las rebajas de su factura energética. Tras muchas vueltas, los ministerios de Industria y de Transición Ecológica esbozaron medidas más presentables para evitar que la gran industria echara la persiana: rebajar hasta un 85% los cargos -la parte fija del recibo- que pagan las compañías para financiar las renovables; aumentar las compensaciones por el CO2 e incentivar los contratos bilaterales de energía renovable. A cambio, desaparecía prácticamente el mecanismo –la interrumpibilidad- que arropaba ayudas de hasta 585 millones al año a los grandes consumidores. El nuevo mecanismo de apoyo está pendiente y las empresas reclaman ya la vuelta a la vieja normalidad con las subastas de interrumpibilidad y sus ayudas.
La vuelta a la actividad desempolva de urgencia las herramientas que rindieron buenos servicios a los resultados de empresas y fondos de inversión. En Comunidades como Madrid, la punta de lanza contra las políticas económicas del Gobierno de coalición de Pedro Sánchez, vuelven a sonar machaconamente las bondades de los proyectos de colaboración entre el sector público y el sector privado. Los mismos que ampararon los escándalos de las autopistas radiales o el almacén de gas Castor y castigaron a los contribuyentes.
En 2018, el Tribunal de Cuentas Europeo analizó una docena de proyectos (APP) cofinanciados por la UE en Francia, Grecia, Irlanda y España en los ámbitos del transporte por carretera y las tecnologías de la información y la comunicación (TIC). Concluyó que la distribución de riesgos entre los socios públicos y privados fue por lo general "inadecuada, incoherente e ineficaz", mientras que los elevados índices de remuneración (hasta el 14 %) que ofrecía el capital de riesgo de los socios privados no siempre reflejaban los riesgos asumidos. Son los riesgos de las viejas herramientas.
Recursos del pasado
Recurrir al pasado mientras se tantea el futuro es lo más rápido y lo más fácil. El Gobierno también lo hace. En sus planes postCovid-19 maneja las viejas recetas de expansión y de inversión pública para capear el temporal. Pero tiene un problema: sólo podrá aplicarlas si la Unión Europea –como exigen la principales formaciones en el Parlamento Europeo- abre la mano y ayuda a los países más golpeados por la crisis con transferencias. Lo malo es que los países del Norte, con Alemania y su Tribunal Constitucional en cabeza, también quieren volver a la vieja normalidad y las viejas recetas. Las suyas, por supuesto.
El economista Antón Costas (Círculo de Economía) describió con el término “capitalismo concesional” la veterana fórmula con la que parte de la élite negociante se ha asegurado durante décadas una buena respuesta al ¿qué hay de lo mío? La fórmula sigue viva y se abre paso a codazos. Ahí va un ejemplo: Clece, la filial dedicada a la gestión de residencias de ancianos del Grupo ACS, ha solicitado el reequilibrio económico de la mayoría de contratos de concesión que mantiene con diversas administraciones públicas a causa del coronavirus. Normal.
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