Buenos Aires, 19 feb (EFE).- La Secretaría de Derechos Humanos de Argentina solicitó hoy la formación de un jurado de enjuiciamiento por mal desempeño de sus funciones contra ocho magistrados que concedieron el beneficio de la excarcelación a represores que actuaron durante la última dictadura (1976-1983).
El pedido de enjuiciamiento, presentado ante el Consejo de la Magistratura, alcanza a los jueces Guillermo Yacobucci y Luis María García, magistrados subrogantes que actúan en la Sala II de la Cámara Federal de Casación penal.
También comprende a Ángela Ledesma, Eduardo Riggi y Guillermo Tragant, que actúan en la Sala III de la Cámara Federal, a los integrantes del Tribunal Oral Federal 5 de Buenos Aires, Guillermo Gordo, Daniel Obligado y Ricardo Farías, precisó en un comunicado la Secretaría de Derechos Humanos.
Yacobucci y García votaron en diciembre pasado a favor de la liberación de los represores Jorge Eduardo Acosta, Alfredo Astiz, Juan Antonio Azic, Víctor Cardo, Pablo García Velasco, Manuel García Tallada, Alberto González, Antonio Pernías, Jorge Radice, Juan Carlos Rolón, Néstor Omar Savio, Raúl Scheller y Ernesto Weber, aduciendo falta de "plazo razonable" en su enjuiciamiento.
En el caso de Ledesma, Riggi y Tragant, dispusieron la libertad de Rubén Óscar Páez, Miguel Kearney, Bernabé Jesús Corrales, Daniel Jorge Lencinas, Raúl Orlando Machuca y Roberto Grillo.
En cuanto al Tribunal Oral Federal 5, la Secretaría de Derechos Humanos consideró "que ha incumplido notoriamente sus deberes al retardar injustificadamente la fijación de las audiencias del debate oral y público en que debían ser enjuiciados los represores que actuaron en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA)", donde funcionó el mayor centro clandestino de detención de la dictadura..
La Secretaria de Derechos Humanos dijo además que ese tribunal mantuvo las libertades de los represores juzgados y condenados César Miguel Comes, Hipólito Rafael Mariani y Pedro Alberto Barda.
El secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, señaló que en estos casos no se puede soslayar que la permanencia en libertad de los acusados, bajo detención domiciliaria u otro tipo de prisión atenuada, posibilita "la destrucción, ocultamiento o alteración de pruebas, la intimidación de testigos, la eliminación física, las lesiones de alguno de estos o la muerte del propio imputado".
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