El juez quiere saber si Uribetxebarria puede ser tratado en la cárcel

Madrid, 17 ago.- El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha accedido a la petición de la Fiscalía de solicitar un informe forense en el que se detalle el estado de salud del preso etarra Iosu Uribetxebarria para determinar si el cáncer que padece puede ser tratado por los servicios penitenciarios hospitalarios.

Así lo ha acordado el magistrado en una providencia dictada hoy en la que pregunta por la evolución de la enfermedad del terrorista, condenado por el secuestro del funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara, "pronóstico de la misma a corto-medio plazo", el plazo y el lugar adecuado para el tratamiento de su dolencia.

Pedraz, que ha adoptado esta decisión en sustitución del juez Central de Vigilancia Penitenciaria, José Luis Castro, solicita además a la cárcel y a los servicios centrales penitenciarios que informen sobre el tratamiento que el condenado está recibiendo en la actualidad, así como su capacidad para "tratar adecuadamente este tipo de dolencias".

De esta forma, el magistrado ha atendido al fiscal Jesús Alonso, que ayer le pidió que reclamase un informe forense que detallara el estado de salud del preso etarra y que determine si el cáncer que padece puede ser tratado "adecuadamente" por los servicios penitenciarios hospitalarios.

También ha accedido a solicitar a Instituciones Penitenciarias que le aporten el expediente administrativo que haya podido abrir al recluso, que hoy cumple su décimo día en huelga de hambre, para acordar su libertad condicional por enfermedad grave.

La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias decidirá esta tarde si concede el tercer grado al recluso tras estudiar el informe elaborado por la Junta de Tratamiento de la prisión de Zaballa (Álava) sobre la conveniencia o no de aplicarle esta clasificación penitenciaria.

De aplicarle el tercer grado, Uribetxebarria Bolinaga podrá solicitar el acceso a la libertad condicional, sobre la que también tiene que pronunciarse Prisiones, aunque la última palabra la tiene el juez central de Vigilancia Penitenciaria.