La Audiencia Nacional autorizará, mediante auto, la cesión de datos de los responsables de las páginas web de descargas de contenidos culturales a la comisión de propiedad intelectual, a fin de que ésta pueda determinar si los contenidos alojados en estas webs son ilegales.
La autorización ha quedado fijada en la ley orgánica complementaria de la ley de Economía Sostenible (LES), aprobada este jueves por las Cortes Generales después de que el pleno del Congreso haya votado las enmiendas incorporadas por el Senado.
Entre las modificaciones que han salido adelante, la ley complementaria de la LES, que incluye la conocida ley Sinde, recoge la propuesta de PSOE, PP y CiU de incorporar un nuevo apartado a la ley orgánica del Poder Judicial, de 1985.
El nuevo apartado atribuye a los juzgados centrales de lo Contencioso-Administrativo la autorización, mediante auto, "de la cesión de los datos que permitan la identificación de los responsables de una web, así como la ejecución material de las resoluciones adoptadas por la sección segunda de la comisión de propiedad intelectual".
La ley de Economía Sostenible entró en vigor el pasado domingo e incluye, entre sus disposiciones, la conocida como ley Sinde, que permite el cierre de páginas web de descarga de contenidos ilegales por orden judicial.
La Comisión de Propiedad Intelectual, órgano encargado de examinar las denuncias, será también la que resuelva sobre el cierre de una web o sobre la retirada de contenidos que vulneren la propiedad intelectual, aunque dicha resolución se ejecutará por orden judicial
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