Las drogas, la principal fuente de financiación del brazo político del 'EI'

El juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, lo tiene claro: el denominado Comité Conjunto para la Defensa de los Detenidos Islamistas (CCDDI) es el brazo político del Estado Islámico, igual que lo fue Batasuna de ETA.

En un auto, que recoge informes de la inteligencia policial española y marroquí, el juez explica que el CCDDI está dedicado a apoyar al terrorismo yihadista, captar voluntarios para las zonas de conflicto, y con una fijación especial en España como "país opresor".

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El CCDDI es una organización que surgió en Marruecos como movimiento de protesta tras la detención y enjuiciamiento de los autores de los atentados de Casablanca en 2003. Desde esta plataforma se da cobertura a las labores de apoyo, proselitismo y captación de voluntarios para la Yihad.

La organización actúa a diferentes niveles para hacer proselitismo del Estado Islámico. Así utiliza las redes sociales, con el empleo de mecanismos de seguridad para dificultar la identificación de sus líderes; mantiene "reuniones selectivas con el objetivo de alcanzar todo el fervor radical", y convoca concentraciones de protesta, sobre todo en Fez y Tetuán.

Allí, según el escrito judicial, exhiben simbología yihadista, como la bandera negra emblema de los yihadistas, y en ocasiones realizan escenografías “en las que representan la opresión de los presos islamistas por los países occidentales y el propio Marruecos”.

Unas representaciones “donde no se deja nada al azar, utilizando uniformes con la bandera de España como país opresor” mientras que los supuestos yihadistas “visten el uniforme naranja utilizado en la prisión de Guantánamo”, adoptado después por las “ejecuciones mediáticas del Dáesh”, explica el juez Velasco.

Además, varios de sus ideologos se han desplazado a zonas de conflicto para unirse al 'EI' y posteriormente atentar en Europa, como Ayoub el Khazzani, quien fue reducido por cuatro pasajeros cuando se disponía a atentar con un fusil en un tren entre Amsterdam y París.

También en este grupo se encontrarían Anouar Merabet y Abdelilah Migou, procesados por el juez Velasco y que fueron detenidos el pasado mes de octubre. Ambos tenían contactos con reconocidos terroristas en zonas de conflicto y formaban parte de una katiba “hispano-marroquí”.

Curiosamente, a Merabet le acusa también de tráfico de drogas, ya que en el registro de su domicilio le fueron incautados más de 400 gramos de hachís para su venta al menudeo.La droga, una de las principales fuentes de financiación del Estado Islámico

Así, el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (Citco) ha detectado desde su creación en octubre de 2014 más de 250 coincidencias entre el terrorismo yihadista y personas vinculadas con el tráfico de drogas y el blanqueo de capitales.

No en vano, cerca del 30% de los detenidos en España en 2015 ya contaban con antecedentes penales por delitos comunes.

Según explican fuentes de la lucha contra el terrorismo a lainformacion.com, ya no se trata solo de individuos aislados que cometen delitos y que, además, profesan una ideología islamista radical, sino que las relaciones de los yihadistas con verdaderas mafias organizadas de criminales son cada vez más evidentes. Solo el año pasado se detectaron en España más de 300 casos que probaban esta vinculación.

La captación de fondos de la yihad, explican estas fuentes de la lucha contra el terrorismo, se hace principalmente a través de dos vías: una legal (locutorios, carnicerías halal, colectas...) y otra ilegal (tráfico, robos, falsificación de documentos...).

Una vez conseguido el dinero, deben remitírselo a la célula que esté preparando el atentado, para lo que usan ONG, inversiones en paraísos fiscales, correos humanos, mezquitas... Todo para evitar que la Policía detecte estos fondos.

Tras las últimas operaciones realizadas en España, las Fuerzas de Seguridad consideran acreditada la vinculación entre esas redes yihadistas y el crimen organizado, no solo para financiar ataques, sino para obtener los recursos necesarios para poder enviar a combatientes a Siria: obtención de documentos falsos, adquisición de armas, crece ilegal de fronteras con contrabandistas...

No solo eso, según los servicios de inteligencia españoles, la distribución geográfica de las redes yihadistas desarticuladas coincide con las zonas de España donde se concentran mayoritariamente las áreas de actuación de los grupos de crimen organizado: Cataluña, Andalucía, Comunidad Valenciana y Madrid.