El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha confirmado que el rescate de las entidades financieras españolas con problemas de solvencia pasó a las arcas públicas una facturas superior a los 33.000 millones de euros (3,25% del PIB) en 2012.
La factura se ha disparado en la recta final del año, ya que al cierre del tercer trimestre el coste de este proceso para el presupuesto público era de 9.963 millones de euros, según la información proporcionada por el propio Ministerio de Hacienda.
Por aquel entonces, el Gobierno únicamente reconocía como déficit el coste generado por la cobertura por parte del FROB de las necesidades de capital de entidades como Bankia, Banco de Valencia o Unnim, y esperaba un déficit por este concepto a final de año de unos 12.000 millones de euros.
¿Por qué al final han sido 32.000 millones? Todo apunta a que Eurostat ha obligado a contabilizar como déficit las ayudas liberadas desde la línea de crédito habilitada por la Unión Europea para financiar la reestructuración del sector bancario español.
Bankia recibió a finales de 2012 18.000 millones de euros procedentes de esta línea de crédito.
Montoro ha explicado, no obstante, que se trata de un déficit peculiar. En primer lugar, no será tenido en cuenta por Bruselas a la hora de evaluar el cumplimiento de los objetivos de consolidación fiscal por parte de España, merced al acuerdo alcanzado con las autoridades europeas al respecto.
El argumento del Ejecutivo es que se trata de un desequilibrio no recurrente, que no tendría por qué volver a aflorar en ejercicios sucesivos.
Este acuerdo permitirá que el déficit oficial de las Administraciones Públicas españolas en 2012 sea del 6,74% del PIB, y no del 9,9%, como hubiera sido de tenerse en cuenta el desequilibrio generado por el salvamento con fondos públicos de buena parte del sector financiero español.
No obstante, este déficit generará al Estado la obligación de endeudarse para financiarlo, si bien, y ésta es la otra gran particularidad del déficit de este año, no necesitará acudir a los mercados para solicitar ese dinero, que se financiará a través de la línea de crédito de hasta 100.000 millones de euros abierta por la Unión Europea para el sector financiero español.
El Gobierno avanzó en diciembre que sólo utilizaría 39.500 millones de euros de su cuantía global, lo que, en cualquier caso, generará unos gastos financieros que se tendrán que tener en cuenta en futuros presupuestos.
Es decir, que el rescate a la banca sí afectará finalmente al Presupuesto, al déficit y a la deuda, una realidad que fue negada en principio tanto por este Gobierno como por el anterior ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero.
Un ajuste sin precedentes en Europa
El ministro de Hacienda enfocó más su exposición hacia la puesta en valor del potente proceso de ajuste realizado por las Administraciones Públicas en 2012.
Ha asegurado que en términos comparativos con otros países europeos, y según el Fondo Monetario Internacional (FMI), el esfuerzo de consolidación fiscal que ha hecho España es el mayor de los países avanzados, con más de 3 puntos porcentuales del PIB por encima de Italia, Grecia, e Irlanda.
El ministro quiso defender las bondades de la austeridad en el gasto público para recuperar la confianza de los mercados. "Se sale de la crisis por la puerta de la reducción del déficit público", aseguró el ministro, que alentó la esperanza de que 2013 sea el último año de la crisis española.
Además, subrayó que no serán necesarios nuevos ajustes este año, pese a que el objetivo marcado por Bruselas exige reducir el déficit hasta el 4,5% del PIB desde el 6,7% anunciado hoy.
El déficit del 6,74% se descompone de la siguiente forma: Estado, 3,83% (se prevía un 4,5%); Seguridad Social, 0,96% (se esperaba equilibrio presupuestario); comunidades autónomas, 1,73% (la previsión era del 1,5%); y ayuntamientos, 0,20% (se esperaba un desequilibrio del 0,3%), según los datos proporcionados por el Ministerio de Hacienda.
Fuerte recorte del gasto autonómico
Éste ha sido particularmente intenso en el caso de las comunidades autónomas, que en sólo un año han logrado reducir su desequilibrio presupuestario desde el 3,3% hasta el 1,7%, reduciéndolo prácticamente a la mitad.
El dato está por encima del exigente objetivo establecido por el Estado (1,5%), pero sensiblemente por debajo de lo esperado por los analistas que situaban el déficit autonómico en el entorno del 2,5%.
Finalmente, once comunidades autónomas cumplieron el objetivo del 1,5% previsto: Extremadura fue la que mejor cumplió, con un desequilibrio de apenas el 0,69% de su PIB; y la Comunidad Valenciana la que encontró más problemas para reducir sus desequilibrios: 3,45%.
Las autonomías que se han quedado por encima del déficit máximo autorizado han sido Comunidad Valenciana, Cataluña, Castilla-La Mancha, Andalucía, Islas Baleares y Murcia.
Los datos de déficit de las comunidades autónomas son los siguientes: País Vasco 1,39%, Cataluña 1,96%; Galicia 1,19%; Andalucía 2,02%; Asturias 1,04%; Cantabria 1,13%; La Rioja 1,04%; Murcia 3,02%; Comunidad Valenciana 3,45%; Aragón 1,47%; Castilla-La Mancha 1,53%; Canarias 1,23%; Navarra 1,34%; Extremadura 0,69%; Baleares 1,83%; Madrid 1,07%; y Castilla y León 1,4%.
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