Privatizar, no. Pero, semiprivatizar, sí. Éste es el resumen del plan de ajuste que prepara la Generalitat para Canal 9 y para todo el grupo de Radio Televisión Valenciana (RTVV), cuya mastodóntica deuda de 1.200 millones ha obligado al Gobierno de Alberto Fabra a preparar un duro plan de ajuste.
Un drástico recorte que conllevará el despido de prácticamente la mitad de la plantilla y que vivirá su primera prueba de fuego mañana, cuando está previsto que se presenten los pliegos del concurso a través del cual la Generalitat contratará a la firma encargada de redactar el nuevo modelo de la televisión autonómica.
Según fuentes empresariales conocedoras de este proceso, éste va dirigido a reducir a la mínima expresión el tamaño de la cadena, ya que el objetivo del Gobierno valenciano es externalizar todos los servicios y quedarse solamente con aquellos considerados de interés general, como informativos o partidos de fútbol. Algo que, de facto, podría considerarse una semiprivatización de los contenidos.
El resto quedará en manos de productoras que se harán cargo de todo el trabajo, desde la elaboración de contenidos, hasta peluquería o maquillaje. A cambio, se harán también con los ingresos publicitarios que se consigan en las franjas horarias en las que emitan sus programas.
De este modo, el ejecutivo de Fabra consigue mantener la titularidad pública del grupo y ceder a productoras la mayor parte del riesgo. Un modelo que promete ser la punta de lanza para el resto de cadenas autonómicas.
Alquilar los espacios
El modelo que quiere introducirse en Canal 9 es similar al que ya aplican las televisiones privadas en algunos de sus espacios. Éste consiste en ceder franjas horarias a productoras, como si se tratase de un alquiler, y éstas se quedan con todos los ingresos publicitarios que consigan en esas horas.
Eso sí, también se les traspasa el riesgo, ya que además de tener que elaborar los contenidos con sus propios recursos, serán las firmas privadas las que asuman todas las pérdidas si un programa o serie no funciona. A cambio, si triunfa, consiguen unos ingresos muy superiores.
"Lo que quiere hacer la Generalitat es un kilómetro cero. Asumir los 1.200 millones de deuda y dejar ahí los números rojos. No engrosarlos ni en un euro y, para conseguirlo, tienen que externalizar la mayoría de los servicios", señala un empresario conocedor de esta iniciativa.
Entre las firmas interesadas en el proceso de Canal 9, y con capacidad para afrontar contratos de este tipo, están empresas como Mediapro, Vértice o Alaska, según las mismas fuentes.
Quita de la deuda
El plan que prepara la Generalitat no sólo contempla la contención de costes y la eliminación de la deuda del grupo, sino que también incluirá una redefinición de todo el modelo de RTVV, tanto de las dimensiones que debe tener el grupo para ser rentable, como de los contenidos que deben ser considerados de interés público.
Así, el cambio de modelo que ultima el Gobierno de Fabra va dirigidio también a delimitar también los contenidos que debe emitir la cadena como empresa pública.
Este modelo se llevará a las Cortes, donde deberá recibir el visto bueno definitivo. En éste se incluirá el ajuste de plantilla y cabe la opción de que también haya una quita de la deuda por parte de las productoras.
Los problemas que está teniendo la Generalitat para hacer frente a sus pagos complican la asunción de los citados 1.200 millones de deuda, cifra que puede seguir incrementándose, ya que Canal 9 arrastra un largo retraso en los pagos a productoras.
Entre las más afectadas está Trivisión, productora de la serie L'Alqueria Blanca, el programa estrella de la televisión valenciana, que lleva más de dos años sin cobrar.También Mediapro lleva tiempo batallando por cobrar por los derechos de fútbol y de la Formula 1.
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