Las autonomías gastan hoy en su funcionamiento el triple que hace diez años

Las autonomías no salen del centro de la diana. España puede prometer lo que quiera a la Unión Europea en lo que respecta a objetivos macroeconómicos que los alemanes o los holandeses nunca se lo creerán del todo porque no se fían de nuestos sistema autonómico.

El recelo está justificado, se mire por donde se mire. Del déficit equivalente al 8,9% del Producto Interior Bruto (unos 90.000 millones de euros) que registró España en 2011, más de dos tercios fueron por culpa de los gobiernos regionales, que no rebajaron ni una décima el desvío cometido ya en 2010.

La dieta de adelgazamiento se antoja más que complicada, si se tiene en cuenta el monstruo burocrático que han creado las administraciones territoriales.

Como mejor muestra, la evolución conjunta de sus propios presupuestos de una década a esta parte y que arroja conclusiones como que el gasto de personal se ha duplicado o que la partida destinada a su funcionamiento diario se ha triplicado.

La referencia son los Presupuestos autonómicos para el año 2002, que fueron los primeros que recogieron el traspaso completo de la gestión sanitaria (la educación se transfirió por completo unos años antes) a todas las regiones.

Es decir, que no hay efecto escalón por una nueva asunción de competencias. En las cuentas sumadas del año 2002, y según los datos del Ministerio de Hacienda, las regiones dedicaron 27.746 millones de euros a la partida de personal.

Un decenio más tarde, en los presupuestos de 2011, la cifra casi se duplica (un 92% de aumento), hasta los 53.482 millones, con un incremento del número de funcionarios en ese mismo periodo del 22%. A día de hoy, el gasto para pagar nóminas a la plantilla de empleados públicos acapara uno de cada tres euros del total.

Aproximadamente la mitad de importantes (alrededor del 15%) son los gastos corrientes en bienes y servicios (el funcionamiento de la Administración puro y duro, desde el alquiler de oficinas hasta el gasto de fotocopias).

Hace diez años, cuando las autonomías iniciaban su plena independencia de gestión la partida dedicada a este objetivo sumaba 9.443 millones. Diez años más tarde, el volumen se ha triplicado, hasta superar los 28.000 millones.

Para constatar la espectacular subida también se puede considerar que en 2001 el gasto en bienes corrientes y servicios equivalía a una tercera parte del gasto de personal. Hoy, acapara un volumen por encima de la mitad.

Un tercer factor que demuestra el avance incontrolado del gasto esencial para el funcionamiento interno es que, en todo ese tiempo, la población española se ha incrementado en un 13%, según las cifras del padrón del Instituto Nacional de Estadística.

Año por año, el aumento del gasto básico se centró en los principales ejercicios del boom económico, es decir, a mediados de la década pasada. Por aquella época, y a lomos de la burbuja inmobiliaria, las autonomías multiplicaban los ingresos y aprovechaban para engordar su estructura.

El problema actual es que, en cuanto se han desplomado los ingresos, no ha existido forma de cubrir el gigante de gasto corriente que se había creado.

Por todo ello, el grueso de medidas por la vía del gasto que han adoptado las autonomías (y a la espera de que se pueda tocar más a los funcionarios y a la plantilla) se localizan en el capítulo II de cada presupuesto, el dedicado a las facturas corrientes.

En el primer trimestre de 2012, y acorde con las cifras publicadas hace unos días por Hacienda, el recorte conjunto en este apartadao se acerca al 30% respecto al inicio de 2011.