El Gobierno presentará el martes a las autonomías cómo tendrán que limitar su gasto

El Gobierno presentará el próximo martes al Consejo de Política Fiscal y Financiera su anteproyecto de Ley de Estabilidad Presupuestaria, por el que se quiere garantizar el control del gasto por parte de todas las administraciones. En él, se incluirán las sanciones a las incumplidoras, teniendo en cuenta la reincidencia y la gravedad del exceso.

Así lo ha anunciado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Precisamente, ante la reunión del Gobierno ha presentado el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, su informe sobre esta ley.

En líneas generales, la norma establecerá la hoja de ruta a la que tendrán que atenerse todas las administraciones a la hora de elaborar sus cuentas, basándose en los ciclos de crecimiento y en todo momento, "respetando la estabilidad y sostenibilidad presupuestaria en un horizonte permanente", explicó la portavoz popular.

Para ello, antes de ponerse a elaborar las cuentas de cada año, cada administración tendrá que fijar un techo de gasto cuya limitación se explicará en la ley. En concreto, la deuda reflejada en las cuentas no podrá superar el 60% del PIB.

Sáenz de Santamaría ha explicado además que este anteproyecto prevé además "mecanismos correctores"para devolver a la senda de la estabilidad eventuales desviaciones del déficit.

Estos mecanismos contemplan que cuando haya una desviación en los objetivos de déficit y deuda se establezca una corrección "cuasiautomática" que estará referenciada con un porcentaje del PIB, y se verá cómo debe solucionarlo la administración responsable.

En una situación como la actual, en la que el déficit nacional está fuertemente influenciado por los números rojos de las autonomías, el Gobierno quiere garantizarse "la lealtad" de todas las partes.

En definitiva, al finalizar el periodo transitorio que marca la reforma de la Constitución, a partir del año 2020, todas las administraciones deberán presentar equilibrio presupuestario o superávit, de forma que el déficit estructural no podrá superar el 0,4% del PIB y la deuda no podrá superar el 60% del PIB regional.