La Generalitat cuelga el cartel de 'se vende' a su patrimonio para ingresar 2.300 millones

    • Insiste en un plan con el que preveía ingresar 1.800 millones entre 2012 y 2013, y con el que no ha conseguido más de 200 millones.
    • Además subirá tasas e impuestos para evitar más recortes de gasto público.

El conseller de Economía de la Generalitat de Catalunya, Andreu Mas-Colell.
El conseller de Economía de la Generalitat de Catalunya, Andreu Mas-Colell.
lainformacion.com

Año 2012. Con el euro en el alambre, Bruselas extrema su presión sobre España y amenaza al Gobierno con forzar una operación de rescate si el Ejecutivo no es capaz de poner bajo control las cuentas públicas y, singularmente, las de las comunidades autónomas.

Avisado por las dramáticas consecuencias, en forma de desviación masiva de sus objetivos de déficit, que tuvo la condescendencia del Ejecutivo anterior con las comunidades autónomas, Hacienda concentra la presión en las regiones más díscolas: Cataluña y Andalucía, a las que exige un plan de reequilibrio creíble.

Tras ver rechazadas sus dos propuestas iniciales, la Generalitat juega una última baza para tratar de convencer al ministro de Hacienda de que hará todo lo posible para cumplir el déficit y presenta un ambicioso plan de venta de activos y adjudicación al sector privado de servicios públicos con el que, asegura, obtendrá 888 millones de euros.

El Gobierno, partidario de ese tipo de soluciones, acepta el trato. Cataluña, sin embargo, acabará el ejercicio sin cumplir el déficit y quedándose lejos de los objetivos marcados con su revolucionario plan: apenas ingresó 20 millones de euros.

Hoy el contexto es bien diferente. Nadie habla ya de un posible rescate a España y el foco predilecto de preocupaciones de Bruselas ha basculado desde las autonomías españolas hacia Italia.

Sin embargo, la Generalitat persiste en sus esperanzas de rentabilizar el patrimonio público autonómico catalán.

Lo hace incluso por encima de lo que le dicen los precedentes. Si en el año 2012 esos 888 millones de euros que se pretendían obtener acabaron en apenas 20 millones, este año, con el presupuesto prorrogado, la cosa no está yendo mucho mejor y finalizados los dos primeros tercios del año los ingresos obtenidos apenas alcanzan los 185 millones, lejos del objetivo.Privatizar para no recortar

Sin embargo, el conseller de Economía, Andreu Mas-Colell, ha señalado este martes que los Presupuestos de la Generalitat para 2014 incluirán un nuevo plan privatizaciones y ventas de patrimonio que el Govern se ha resistido a detallar, pero con el que confía obtener 2.294 millones de euros, con el objetivo declarado de evitar más recortes de gasto el próximo año.

Los cálculos del Gobierno catalán pasan por ingresar 864 millones por venta de activos reales, entre ellos edificios, y otros 1.454 millones por concesiones y otros ingresos patrimoniales.

Preguntado por si entre estas privatizaciones se planteaba incluir activos como las depuradoras, y si la Generalitat contaba con vender terrenos propiedad del Incasòl, el conseller, a pesar del volumen de ingresos no recurrentes previsto por esta vía, ha evitado en varias ocasiones precisar los planes de la Generalitat, informa Europa Press.

"No hay nada concretado", ha sentenciado el conseller, que ha asegurado que esta cifra es posible, "pero el cómo nos reservamos decirlo hasta que los análisis estén muy concretados".

Mas-Colell ha explicado que en 2014 la Generalitat tendrá que repetir la misma receta que en 2012, cuando privatizó los túneles de Vallvidrera y el Cadí y la empresa Aigües Ter-Llobregat (ATLL), cuyo proceso dirimen los tribunales, para enjugar el déficit.

Los Presupuestos de la Generalitat se ajustarán al 1% del PIB marcado por el Gobierno, lo que supone 1.979 millones de euros de déficit.Subidas de impuestos y tasas

En total, la Generalitat espera ingresar unos 3.203,5 millones extra en 2014; 2.294 millones de ellos corresponden a venta y concesión de activos reales y los 909,5 millones restantes a tasas e impuestos creados desde 2012.

Aquí se contabilizan impuestos ya vigentes, como la tasa turística, y otros tributos nuevos como el Impuesto a la Producción Termonuclear de energía eléctrica y la revisión del Impuesto de Sucesiones, que en 2014 aportará 54,2 millones.

A estos ingresos hay que añadir también otros 43,7 millones por una treintena de tasas creadas a través de la ley de acompañamiento, entre ellas la euroviñeta, que obligará a los transportistas a pagar un peaje extra por circular por las carreteras catalanas, y además el Govern se plantea implementar más adelante otras tasas pactadas con ERC.

Mas-Colell ha querido subrayar la idea de que el Govern ha optado por las privatizaciones y por el aumento de la carga fiscal para "intentar proteger el gasto social".

De hecho, Mas-Colell ha explicado que el gasto de los departamentos se incrementa un leve 0,2% respecto a este año, cuando se han prorrogado las cuentas de 2012.

Para remarcar que la Generalitat "no podía" reducir más el gasto el próximo año, el conseller ha explicado que el gasto por habitante en las cuentas del Gobierno catalán ha retrocedido a niveles de hace diez años.

Mas-Colell ha argumentado en esa misma línea que el gasto no financiero del Gobierno catalán se ha recortado un 22 % desde 2010 a 2014, al pasar de 26.109,6 millones de la liquidación de 2010 a los 20.372,7 millones contemplados en las cuentas de 2014.

No obstante, el gasto en intereses sigue creciendo, de forma que si la Generalitat destinó a este concepto en 2012 y también este año un total de 1.994 millones de euros, el año que viene la factura anual por este concepto sumará 2.077 millones de euros.

Preguntado por el aumento de la presión fiscal que implican estos presupuestos, Mas-Colell ha apuntado que "nos gustaría poner menos presión fiscal, pero la alternativa sería reducir los servicios públicos de manera importante y no nos parece que sea aceptable".

Por otra parte, Mas-Colell ha tildado de "injusto y desproporcionado" el objetivo de déficit del 1% fijado por el Gobierno para 2014, y ha recordado que el gobierno catalán tiene abierto un conflicto contencioso-administrativo por este motivo.

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