El Estado prevé entrar en el capital de más bancos

En pocos meses, el Estado puede convertirse en el mayor banquero de España. Y no sólo porque ya se ha hecho con la cuarta entidad del país, Bankia, sino porque el Gobierno contempla entrar en el capital de más entidades, según han confirmado fuentes próximas al Banco de España.

La razón es la siguiente: las nuevas provisiones que ha impuesto el Ejecutivo al sector obligarán a muchos bancos a tener que pedir dinero público para llegar a los ratios de capital exigidos.

El problema es que estas nuevas inyecciones no se concederán sólo en forma de cocos -bonos contingentes convertibles-, sino que el Banco de España trabaja ya con la idea de utilizar una parte para hacerse con acciones de las entidades.

El motivo de esta decisión es que los cocos son muy caros, porque obligan a los bancos a tener que pagar unos intereses del 10% anual, y el supervisor da por hecho que varias entidades serán incapaces de pagarlos.

Para evitar que ocurra como en Bankia, donde el Gobierno ha terminado entrando por la puerta de atrás, desatando un gran escándalo, el Ministerio de Economía prefiere hacer las cosas desde el principio y, una vez reciba la petición de ayudas de las entidades, responderles que sólo les concederá el dinero a cambio de convertirse en su accionista.

Este sistema libra a los bancos de tener que pagar intereses y confiere al Estado una posición privilegiada para vigilar a las entidades e, incluso, para obligarles a adoptar algunas decisiones, ya que podrán sentarse en su consejo de administración.

Similitudes y diferencias con Bankia

No obstante, estas operaciones serán diferentes a la de Bankia. Primero, porque las cifras que baraja el Banco de España contemplan la toma de participaciones minoritarias, no de control, como ha ocurrido en la fusión de Caja Madrid con Bancaja.

Segundo, porque irán acompañadas de los cocos, que aunque se trata de unos bonos, funcionan de manera parecida a un crédito: el Estado concede un crédito (compra bonos por el importe que le ha solicitado el banco), durante la vida de éste, la entidad le paga unos intereses, que rondarán el 10%, y al final del plazo pactado, devuelve todo el dinero.

Las nuevas provisiones afectan a los activos no problemáticos, es decir, aquellos créditos que continúan pagándose con normalidad. Sin embargo, la crisis económica, las refinanciaciones y la creciente morosidad hacen desconfiar sobre la solvencia de estas cifras.

Esto ha hecho que el Estado haya decidido elevar del 7% al 30% las provisiones sobre esa bolsa de activos inmobiliarios sanos, que asciende a 123.000 millones de euros. Con las nuevas exigencias, se tendrán cubiertos 30.000 millones.