Los CID deberán ubicarse en suelo público o que no requieran cambios de uso pero no se cierra la puerta a Cordish

Se trata de una medida que se ha dado a conocer cuatro días después de que la Comunidad de Madrid anunciara que no admitirá que el proyecto de la empresa norteamericana Cordish se tramite como Centro Integrado de Desarrollo.

En rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el consejero de Presidencia y Justicia y portavoz del Ejecutivo autonómico, Ángel Garrido, ha afirmado que el objetivo de esta modificación es garantizar el interés general de estos proyectos, que se instalarán en ubicaciones racionales al utilizar suelos públicos de titularidad pública ya previstos para ser desarrollados.

Además, la legislación deja en manos de la Administración la decisión sobre las infraestructuras necesarias y su ubicación y podrá garantizar su ejecución exigiendo al adjudicatario que asuma los costes.

"No cerramos la puerta a nadie ni se pide nada a nadie", ha asegurado Garrido, quien ha insistido en que "no cerramos la puerta absolutamente a nada, sino al contrario". "Siempre tenemos las puertas abiertas a cualquier inversión que redunde en beneficio de todos los madrileños", ha remarcado.

Preguntado por el proyecto de Cordish, que fue rechazado la semana pasada, ha asegurado que se analizó "conforme a la legalidad y a los informes de las direcciones generales y de una Consultoría externa a la que se pidió informe adicional".

"Cordish puede ejercer cualquier derecho que crea oportuno pero el Gobierno está absolutamente tranquilo y la decisión que se ha tomado es conforme a la legalidad y una decisión contraria a esos informes que tenemos si que pudiera haber sido algo contrario a la legalidad", ha destacado el dirigente popular, quien ha defendido que las modificaciones legales garantizarán un "retorno del coste que suponga" en los terrenos y que no surjan "problemas que se puedan generar en torno a recalificaciones".