La revisión continua del recibo de la luz desde 2012 lo convierte en un galimatías

  • La última revisión afecta a cuatro comunidades autónomas y al año 2013, pero puede extenderse al resto y a más ejercicios

    Las refacturaciones se han convertido en un argumento de las empresas para vender tarifas planas, generalmente más caras

El recibo de la luz está sometido a una revisión continua desde hace cinco años
El recibo de la luz está sometido a una revisión continua desde hace cinco años
EUROPA PRESS
Santiago Carcar

La gran mayoría de los usuarios no entiende el recibo de la luz. No sabe por qué paga lo que paga. Aunque las empresas del sector han hecho en los últimos años un esfuerzo por aclarar conceptos, la refacturación continua del recibo dificulta su comprensión. Desde 2012, tres decisiones del Tribunal Supremo a favor de las empresas y en contra del Gobierno han obligado a revisar al alza las facturas de la luz en los años 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016. Este mes, usuarios de Cataluña, Castilla-La Mancha, La Rioja y Comunidad Valenciana empezarán a recibir facturas revisadas –al alza- por los tributos autonómicos aplicados a la parte fija (peajes) del recibo en 2013. La revisión, muy probablemente, se extenderá a otras comunidades y a más ejercicios. 

La revisión en curso no tendrá la dimensión que sí tuvo la del año 2012. Entonces, el Supremo dio la razón a las empresas eléctricas y rechazó la congelación de la parte fija del recibo que había decidido el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero a finales de 2011 con el apoyo, eso sí, de un PP que se aprestaba a gobernar. La decisión del Supremo encareció el recibo en torno a un 7% y provocó una importante polémica. Márgenes insuficientes

La calma no duró. En 2015, el Supremo, de nuevo a instancias de las empresas, forzó otra refacturación al estimar insuficientes los márgenes de comercialización aprobados por el Ministerio de Industria al diseñar el nuevo sistema de precios al pequeño consumidor (PVPC) que sustituía a la denominada Tarifa de Último Recurso (TUR). Los clientes acogidos a la tarifa regulada, en torno a 13 millones, tuvieron que pagar márgenes más elevados que los fijados por Industria: 4 euros anuales por KW de potencia contratada. 

La historia se repite ahora, pero con detalles que revelan, además, la falta de conexión y de información entre administraciones. En enero pasado, el Supremo decidió que los tributos autonómicos aplicados en el recibo debían correr por cuenta de los usuarios y no de las empresas. Seis meses después llega la refacturación. Pero sólo en las comunidades autónomas que han proporcionado información

"Es un auténtico lío", asegura el empresario y vicepresidente de la Fundación Renovables, Jorge Morales de Labra. Hay nuevas órdenes ministeriales en tramitación, las empresas son las que tienen que obtener certificados en las comunidades autónomas de los impuestos pagados y todo ello lleva a una especie de sistema de información paralelo al de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC)". Sobre el recibo, Morales es rotundo: "Cada vez es más incomprensible". 

Ni el Ministerio de Energía ni la asociación patronal eléctrica Unesa han valorado las consecuencias de la última refacturación. No es mucho dinero. La orden ministerial con la que el Ministerio de Energía cumplía con el Supremo estimaba el impacto total de las revisiones en las cuatro comunidades en 16,4 millones de euros. De esa cantidad, más de 12 millones corresponderían a Castilla-La Mancha. Esa orden, no obstante, está también recurrida, por lo que el importe final se desconoce. Argumento para vender tarifas planas

Aunque esas cantidades que se vuelven a facturar a millones de clientes no son elevadas, sí tienen otras consecuencias difíciles de cuantificar. Por ejemplo, los comerciales de las compañías disponen de un argumento más para vender las tarifas planas –por lo general más caras- a un conjunto de consumidores inquietos por la gran inestabilidad de sus facturas. 

La organización de consumidores Facua destaca, en este sentido, cómo las refacturaciones afectan a usuarios especialmente vulnerables. Rubén Sánchez, portavoz de la organización, critica que el ministerio "autorice a refacturar de golpe tras regular mal la tarifa y que las eléctricas tampoco hayan tenido ningún gesto con usuarios con segmentos de población desprotegidos para los que refacturaciones de 18 euros suponen un esfuerzo importante". 

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