Competencia vuelve a chocar con Nadal por los recortes a renovables en las islas

Va camino de convertirse en un clásico: la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) y el Ministerio de Energía que dirige Álvaro Nadal vuelven a chocar. El motivo, en esta ocasión, está en el trato que el Gobierno aplica desde este año a las instalaciones de energía renovable en Canarias y Baleares. El Ejecutivo ha decidido que todas las instalaciones "verdes", grandes y pequeñas, dependan en un 50% de los Presupuestos Generales del Estado para cobrar las liquidaciones periódicas. Como consecuencia, los pagos se retrasan y hay riesgo de quebranto financiero de algunas plantas. Consultada la CNMC, la dirección de Energía recuerda que  en diciembre de 2016 ya se pronunció contra la orden de peajes aprobada por Nadal en la que se determinan las retribuciones en los sistemas eléctricos no peninsulares.

El nuevo toque de atención de Competencia a Nadal está recién salido del horno: firmado el 4 de julio y notificado hace unos días. Se trata de la respuesta del Director de Energía de la CNMC, Fernando Hernández, a la consulta planteada por la Asociación Nacional de Productores Fotovoltaicos, Anpier, por lo que considera un nuevo golpe a las renovables, aunque en este caso en Canarias y Baleares.

Anpier solicitó en mayo a la CNMC "aclaración sobre el tratamiento retributivo y la liquidación de costes" de las instalaciones en territorios no peninsulares. La razón era que la extensión a todas las instalaciones -también las de menos de 15MW- del sistema de liquidación 50% de la CNMC y 50% de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) "está provocando un  serio quebranto financiero a estas plantas". El dinero llega, sostienen los afectados, cuando el Ministerio de Hacienda lo dispone, lo cual afecta a la caja.Respuesta a los productores

En la respuesta a los fotovoltaicos, la Dirección de Energía de la Competencia señala que el nuevo sistema de liquidación se ajusta a la normativa vigente (orden de peajes de diciembre de 2016 y RD 738 para territorios no peninsulares), pero recuerda que la CNMC, en diciembre de 2016, recomendó suprimir parte de la orden ministerial por contrariar preceptos de la Ley del Sector Eléctrico de 2013 y recoger cálculos de redefinición de extracostes "que podrían resultar incompatibles con las reglas de ejecución y control de las partidas presupuestarias habilitadas" en la normativa.

El presidente de la Asociación Eólica Canaria, Rafael Martell, asegura que los retrasos en el cobro de liquidaciones rondan los tres o cuatro meses, lo que afecta a las pequeñas plantas de forma importante. Martell vincula el cambio en el sistema de liquidaciones a una decisión de vincular todos los desarrollos energéticos en Canarias a los presupuestos generales, lo que en caso necesario facilita el veto a determinados proyectos por el Gobierno en minoría.

Fuentes de la CNMC sostienen que los cambios en el sistema de liquidación para las renovables fuera de la península no afecta a su cuantía. Los pagos son los mismos, pero la seguridad en el momento del cobro, no. Hacienda pasa a ser clave. Además, hay otros efectos: la cuenta general del sistema eléctrico reduce presión a efectos de contabilización de déficit, mientras se complica para la CNMC la gestión del IVA.Una nueva disputa

El secretario general de Anpier, Juan Castro-Gil, considera que los cambios en las liquidaciones, con los consiguientes retrasos, suponen "un nuevo recorte a los productores de renovables de Baleares y de Canarias (más de 2.500 instalaciones registradas) por parte de un Gobierno que, una vez más, no hace caso al regulador".

La falta de sintonía entre la CNMC actual, dirigida por José María Marín Quemada, y el Ministerio de Energía es notoria. El ministro Álvaro Nadal se resiste a ceder a Competencia la fijación de los peajes eléctricos, tal y como pide Bruselas. El ministro considera que el recibo de la luz es un asunto políticamente sensible. Lo dijo en el Congreso: "La CNMC cree que las decisión de cómo repartimos las cargas del sistema eléctrico no tiene carácter político y que es sólo técnico. Pero nosotros creemos que tiene mucho que ver la política y que la decisión sobre los gastos debe tener una dirección política”.

La pugna por las competencias, que ha costado una advertencia de sanción a España por parte de Bruselas, se traduce en continuos roces entre el Ministerio y la CNMC.